El 'testaferro' de Ouviña cobraba hasta 800 euros cada vez que firmaba

Agustín Bobo de Vega y María José Valencia declararon ayer ante la jueza Lourdes del Río como imputados por el caso de Bahía Competitiva en los Juzgados de Instrucción número 4 de Cádiz, declaración en la que se dio a conocer la existencia de un nuevo correo electrónico que de momento no consta en las diligencias .

El supuesto 'testaferro' del entramado empresarial de Dávila Ouviña, Agustín de Bobo, confesó que cobraba entre 600 y 800 euros cada vez que iba a la notaría para poner a su nombre algunas de las empresas o sociedades del empresario gallego y su entorno. Además, el zamorano de 78 años reconoció que él firmaba sin apenas leer los papeles. Negó conocer qué hicieron las sociedades objeto de investigación, así como ser poseedor de dos Audis tal y como le preguntaron durante la declaración. Agustín de Bobo llegó al Juzgado de la plaza de San José acompañado de su abogada alrededor de las doce, hora a la que la ex diputada provincial y ex vicepresidenta del IEDT (Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico) de Diputación, María José Valencia, se encontraba ya en sede judicial.

Valencia defendió que la comisión evaluadora de las ayudas se limitaba a rellenar unas planillas con los criterios objetivos marcados por el Ministerio de Industria y que era éste el encargado de tomar la decisión última acerca de las empresas que recibían las subvenciones de reindustrialización.

Además, apunta al Ministerio como responsable de hacer caso omiso a las advertencias que desde Diputación se presentaron en los proyectos referentes al polígono industrial de Alcalá de los Gazules. En las observaciones de las evaluaciones, el equipo técnico que se encargaba de la baremación mostró los posibles riesgos en la viabilidad de los proyectos en cuestión, además de la concentración de ayudas en la zona.

María José Valencia negó ayer que tuviera conocimiento de la existencia de un correo electrónico previo al ya conocido -en el que se modifican las baremaciones- a pregunta del abogado de una de las personas imputadas. En ese nuevo correo, uno de los técnicos de Diputación solicita a la representante de Bahía Competitiva que "le mande por favor las baremaciones porque el presidente las necesita". Ante la estupefacción de jueza y fiscal, que no sabían nada de ese correo y que no forma parte de las diligencias del caso, reclamaron al abogado que lo aportase. Este afirmó que no lo poseía físicamente, que lo estaba esperando, y añadió que lo aportará en el momento procesal que interese para su cliente. La jueza anunció que lo requerirá.

La ex vicepresidenta del IEDT se mostró "con la conciencia tranquila" a su llegada a los Juzgados de San José, de los que salió dos horas y media después manifestando estar "contenta" con su declaración ante la magistrada.

El fraude en las subvenciones de Bahía Competitiva fue denunciado por la Agencia Idea de la Junta de Andalucía en el año 2011, y desde entonces ha llevado a la imputación de un total de 31 personas, entre ellas, y además de empresarios, gestores, cargos de la Diputación de Cádiz y del Ministerio de Industria, como el ex director general Jesús Candil, que está citado a declarar el próximo lunes. La cuantía defraudada se calcula en 21 millones de euros en ayudas de reindustrialización para la Bahía de Cádiz.