Cuatro técnicos del IEDT han declarado por el fraude de las ayudas

El PP pide la comparecencia del Gobierno andaluz por el escándalo de Bahía Competitiva y el PSOE le echa en cara que no actúe igual en el caso de la Zona Franca

Antonio Sanz (PP), interviniendo el jueves en el Parlamento de Andalucía.
Antonio Sanz (PP), interviniendo el jueves en el Parlamento de Andalucía.
F.s.zambrano Cádiz

16 de febrero 2013 - 05:01

El presidente de la Diputación de Cádiz, José Loaiza (PP), confirmó ayer que cuatro técnicos del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT) que ya han prestado declaración ante la Policía Nacional en la investigación que se sigue para esclarecer el supuesto fraude de 14,5 millones de euros del plan Bahía Competitiva de ayudas para la reindustrialización. Entre ellos se encuentra Teodoro Garrido, quien fuera gerente del IEDT en el último mandato de Francisco González Cabaña como presidente de la Diputación y que lo sigue siendo hoy. Loaiza precisó que de estos cuatro técnicos dos fueron a declarar como testigos y los otros dos con asesoramiento jurídico, quedando todos, al menos por el momento, libres de cualquier acusación.

Las declaraciones de estos cuatro técnicos se suman a las imputaciones de María José Valencia, que era la diputada de Empleo encargada del IEDT en el último Gobierno socialista de la Diputación, el ex gerente del plan Bahía Competitiva, Antonio Perales, y la cúpula del Ministerio de Industria del Gobierno de Zapatero.

Sobre la supuesta implicación de Valencia en este caso, el actual presidente de la Diputación precisó que elogió su gestión "sólo en la última convocatoria que fue en la que el IEDT alertó de la acumulación de ayudas a las empresa de Dávila Ouviña". "Pero de las tres convocatorias anteriores, en las que estaba el grueso de esas ayudas a Ouviña, aún no se sabe nada", apostilló.

Sobre este tema volvió ayer a la carga el presidente provincial del PP, Antonio Sanz, que anunció que ha pedido la comparencia urgente del Gobierno andaluz "para que explique toda la verdad acerca del escándalo" en torno a la desaparición de los millones concedidos para la reindustrialización que jamás llegaron a la Bahía. Sanz demanda además que "se depuren responsabilidades políticas a todos los niveles por este robo".

"Lo que estamos conociendo en las últimas horas es de enorme gravedad, ya que estamos hablando del robo de muchos millones de euros que estaban destinados por el Gobierno central y la Junta para traer a la provincia industrias y empresas que crearan empleo", reflexionó el también parlamentario andaluz del PP. Sanz añadió que "no es de extrañar los datos de paro que tiene la provincia si cada política que pone en marcha la Junta en materia de empleo acaba en un caso de corrupción, en un escándalo y en un robo de dinero".

El presidente provincial del PP exigió igualmente a la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, "que explique por qué ha cesado de inmediato a María José Valencia -concejal de Sanlúcar y ex diputada provincial de Empleo- y no lo ha hecho con los otros miembros de su ejecutiva provincial que también están imputados". "La señora García debe aclarar qué sabe ella de este escándalo del plan Bahía Competitiva y explicarle a los gaditanos la situación", apostilló.

La respuesta al PP vino de parte del presidente provincial del PSOE, Manuel Jiménez Barrios, que subrayó que su partido fue el primero, a través de la Junta, que denunció este supuesto fraude que, afirmó, "protagonizó un empresario que utilizó fondos del Ministerio de Industria y, por lo tanto la Junta no ha puesto un solo euro". Además, echó en cara al PP que exija responsabilidades al PSOE "y no actúe igual en el caso de la Zona Franca, en el que no hay un empresario que ha defraudado la buena fe de la administración pública sino en el que dos altos cargos nombrados por ese partido intervinieron en este desfalco de muchos millones y encima el PP no sólo no lo denunció sino que sigue defendiéndolos a capa y espada, a uno más que a otro".

Aprovechó Jiménez Barrios para respaldar la decisión de la secretaria provincial del PSOE y alcaldesa de Sanlúcar, Irene García, de cesar a su edil María José Valencia por su imputación en este caso, en una decisión que entiende que "hay que circunscribirla a la realidad del Ayuntamiento de Sanlúcar". Tras aclarar que este cese "no supone ningún ajuste de cuentas" y que tampoco menoscaba la presunción de inocencia de la ex diputada, el dirigente socialista defendió "la actuación ejemplar y coherente" de Irene García.

Vinculado a su defensa de Irene García, aunque en clave mucho más interna, Jiménez Barrios hizo un llamamiento a la concordia dentro del PSOE gaditano "porque sólo desde la unidad, la humildad y la coherencia podremos superar la debacle electoral que hemos sufrido", dijo. También se acordó del ex secretario provincial del PSOE, Francisco González Cabaña, a quien pidió "respeto" para una dirección provincial "elegida democráticamente" y a quien echó en cara que "debilita el proyecto socialista y nos distrae de nuestra tareas prioritarias".

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