SOS Barbate denuncia abuso de autoridad en el pleno de municipal

Colectivos vecinales presentes en el pleno municipal del pasado 3 de diciembre en Barbate han denunciando el comportamiento autoritario del alcalde, Miguel Molina, durante una sesión en la que se aprobó la cuarta modificación del PGOU para el macroproyecto turístico Trafalgar–San Ambrosio, situado entre Zahora y Caños de Meca.

Durante el pleno, el alcalde ordenó expulsar, sin previo aviso, al vecino y miembro de la plataforma ciudadana SOS Barbate - Salvemos Trafalgar Antonio Aragón, por el simple gesto de mover la cabeza en desacuerdo, con una considerable falta de respeto y descalificación con expresiones como “ya está bien de hacer el payaso”, y diciéndole a otra vecina: “váyase a su pueblo”.

La plataforma denuncia que no hubo interrupción ni falta de respeto, y considera la expulsión “un acto injustificado y un evidente abuso de poder, vulnerando el derecho de todo ciudadano a asistir pacíficamente a los plenos municipales".

Desde Ecologistas en Acción, también han señalado lo sucedido en el pleno, apuntando que Miguel Molina llegó a enfrascarse en una "discusión y a gritos con un concejal de la oposición, al que no se atrevió a expulsar", al contrario que con un ciudadano "normal de Barbate".

VOTOS DEL PP Y ANDALUCÍA POR SÍ

La modificación urbanística del PGOU se aprobó otra vez de forma provisional con los votos de PP y Andalucía Por Sí y la abstención del PSOE y Siempre Barbate. Los colectivos señalan que, pese a tratarse de un proyecto que afecta al territorio, al agua y al futuro de Zahora y Caños, el equipo de gobierno no ofreció información clara sobre cómo se garantizará el abastecimiento de agua, qué volumen real de viviendas y plazas turísticas implica el proyecto, por qué se desarrolla fuera de las zonas turísticas ya previstas en el PGOU y por qué no se convocó la comisión de seguimiento en Zahora.

Además, el alcalde llegó a anunciar que convocaría desde la Alcaldía a “todos los barbateños y barbateñas a favor del proyecto” para llenar el salón de plenos frente a quienes discrepan, lo que los colectivos consideran una amenaza directa a la participación democrática.