Casi cinco siglos de defensor del pueblo

En 1535 Vejer ya tenía defensor del pueblo. Se llamaba Juan Relinque y hace ya casi cinco siglos que, con poderes otorgados por sus vecinos, denunció ante la Real Chancillería los abusos que, desde finales del siglo XVI, venían ejerciendo en la localidad jandeña los duques de Medina Sidonia. El sexto duque de esta poderosa casa nobiliaria, Juan Alonso Pérez de Guzmán, tuvo incluso que pedir a la justicia que castigara a Relinque "porque anda en toda su tierra levantando sus vasallos contra él de noche y de día, de casa en casa y de pueblo en pueblo". Él, en calidad de síndico procurador, no hacía más que cumplir con su cometido: ser portavoz y defensor de los intereses vecinales ante las autoridades.

Desde principios del siglo XVI, los duques de Medina Sidonia y sus procuradores venían usurpando los derechos que Vejer tenía desde el siglo XII en calidad de villa fronteriza. Para atraer pobladores a estas zonas conflictivas, los reyes castellanos otorgaban beneficios fiscales a los colonos, entre otros incentivos. Sancho IV, rey de Castilla, concedió en 1288 un reparto de tierras, que luego fue ampliado paulatinamente. Era el concejo vejeriego quien se encargaba de conceder a los vecinos las tierras de labranza en nombre del rey, hasta que la jurisdicción pasó a la casa de Medina Sidonia, cuyos titulares no estaban por la labor de dejar al concejo gestionar las tierras que debían ser comunales.

Relinque, apoyado por sus vecinos, pone en marcha un pleito en 1536 contra el duque de Medina Sidonia en la Real Chancillería de Granada. El conflicto se alargó y, después de otra denuncia en 1539, Pérez de Guzmán firma una "transacción" para ceder tierra a determinados vecinos. Relinque, no contento, recurre ante el tribunal porque considera que el acuerdo provoca "la pérdida de libertad" de sus paisanos.

El 8 de febrero de 1566, cuando el síndico procurador de Vejer llevaba fallecido más de una década, la Real Chancillería dio la razón a aquel recurso. El duque de Medina Sidonia logró paralizar la sentencia, pero fue gracias a un acuerdo que casi cinco siglos después sigue vigente. Así se regló el funcionamiento de las llamadas Hazas de Suerte. Desde 1580, las tierras comunales de Vejer se reparten mediante un sorteo para que las trabajaran y se repartieran sus rentas por un periodo de cuatro años.

Más de cuatro siglos después, Vejer todavía cuenta con 232 hazas -porciones de tierra estrecha y alargada- que otorgan rentas al mismo número de vecinos mediante un llamativo sorteo. Sólo pueden ser beneficiarios los padres o madres de familia que lleven más de 20 años censados en el municipio. Además, una vez que un ciudadano resulta agraciado no puede volver al sorteo hasta que todos los vecinos lo hayan sido al menos una vez.

El modelo es único a nivel internacional y sólo se repite en el vecino Barbate, término que se separó de Vejer en 1938 y logró un cupo de las hazas. Debido a la rareza de esta propiedad comunal y del reparto de sus beneficios, los dos ayuntamientos han puesto en marcha una candidatura para que la Unesco reconozca a las Hazas de Suerte dentro del catálogo de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

En el Consistorio vejeriego son optimistas y este sentimiento lo comparte Jesús Maeztu. El Defensor del Pueblo Andaluz, oriundo de la vecina Medina Sidonia, se dio cuenta hace unos meses de la similitud entre el trabajo que lleva a cabo su oficina y el logro de aquel Juan Relinque. Lo hizo acompañado por Lorenzo del Río, que preside el organismo heredero de aquella Real Chancillería que permitió a los vecinos de Vejer mantener sus tierras comunales en perjuicio del duque. "Señal de que la justicia ya funcionaba entonces, cuando no había separación de poderes", destacó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Lo dijo ayer durante el acto celebrado en Vejer para homenajear a Relinque, donde además de Maeztu y Del Río también estuvieron el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán; el alcalde de la localidad, José Ortiz Galán; y los defensores del pueblo de seis regiones más: Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Navarra y Canarias.