La juez quiere citar a las 98 mujeres pilladas en los seis clubes de alterne de los Galán

Pocas veces se habrá dado en la provincia un caso tan paradójico como el que se instruye en el Juzgado 1 de Chiclana contra los Galán, propietarios de los clubes de alterne detenidos y puestos en libertad por supuesta explotación sexual a mujeres que se prostituyen en sus negocios. La ahora juez al cargo, la tercera desde que la Guardia Civil hace más de un año, comenzó con la investigación, acaba de requerir a los agentes para que citen a las mujeres que estaban en los seis burdeles de los Galán la noche en que se desarrolló la Operación Toscana, el 17 de marzo.

Se trata de 98 mujeres que respondieron al cuestionario que los guardias les plantearon, tratando de demostrar que, como sostenían los investigadores, estaban siendo explotadas, que se prostituían y de ello los dueños obtenían un lucro.

Fuentes cercanas al caso han expresado su sorpresa a este diario por esta determinación así como por el desbloqueo de las cuentas bancarias de los implicados. No en vano advierten de la dificultad de localizar de nuevo a esas mujeres, sin dejar de advertir que, posiblemente, muchas seguirán trabajando para los Galán en sus clubes.

Y es que esto es lo que nadie atina a comprender. Cómo es posible que tanto la Fiscalía como el Juzgado sostengan que hay indicios de criminalidad contra los Galán (la juez, textualmente, ha escrito que el consentimiento de las prostitutas "está viciado al estar sometidas a una situación de superioridad por parte de los organizadores de la actividad, valiéndose éstos de su situación de necesidad") y éstos hayan vuelto sin mayor problema a las andadas, tras levantarse el cierre cautelar de los burdeles.

"Esto no marcha como debiera", admiten las fuentes consultadas. Tildan de "desaguisado" un caso que ven clarísimo, pero en el que han pasado de contar con total respaldo a tener que lidiar con múltiples obstáculos. Recuerdan que la investigación arrancó hace más de un año. Que desde el principio estaba judicializada, con una juez y un fiscal que autorizaron todo, para, tras la operación y las detenciones, con otros magistrados y fiscales, acabar todos los imputados en libertad y disponiendo del dinero embargado.

Tampoco se explican el nulo acatamiento de los ayuntamientos donde se ubican los clubes (El Puerto, Jerez, Medina, Conil, Los Barrios y Estepona), al requerimiento de la juez, cuando levantó el precinto de los clubes, para que vigilaran que funcionaban sólo como hoteles. Han respondido tres, "y de forma esperpéntica. El de Medina mandó a la Policía Local por la mañana, cuando no están abiertos, para contestar que estaba todo en regla, desde Conil dice que está inscrito en el registro de la Junta y el de Los Barrios, que se ajustan a la licencia. Si hasta un reportero de televisión constató que son clubes de alterne en los que se paga al recepcionista, en los que se mueve droga, lo ha grabado, lo hemos comunicado y no se ha hecho nada. Es una red muy grande que ha extendido sus tentáculos".

Pese a todo, la Guardia Civil sigue dispuesta a llegar al fondo.