Cana es un jubilado algecireño que tiene en un terreno junto a su casa a cuatro ovejas, tres chivos, una cabra y un carnero a los que ha criado desde pequeñitos. Las llama por sus nombres, son sus mascotas y prácticamente su vida, puesto que la mayor parte del tiempo lo dedica a procurarles cuidados con todo el amor del mundo, sin intención de utilizarlos para consumo ni para comerciar con ellos, es decir, sin ningún fin lucrativo. Hace unos días, Guillermo Cana recibió la visita de una inspección veterinaria de la Dirección Provincial de la Agencia de Gestión Agraria de Andalucía. Como carece de un certificado veterinario que indique que los animales están en perfecto estado, los inspectores le comunicaron que ha sido sancionado por una falta grave, por supuestamente, tener una explotación de animales sin identificación. El protocolo es enviar un camión para incautarlos y, después, sacrificarlos.

Para Guillermo y su familia lo mas urgente es salvar la vida de esos animales, explica el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) que está ayudándole a difundir su caso e incluso le ha prestado ayuda legal para evitar que los sacrifiquen. De hecho, junto con el abogado de la formación animalista, Eduardo Rovira, Cana y su hija presentaron la semana pasada un recurso en las oficinas de la Junta de Andalucía solicitando que se conmute el sacrificio de los animales por un traslado a un lugar donde no tengan que morir -el refugio de animales El Cortijillo de la Lola, en Bolonia (Tarifa) se ha ofrecido a acogerlos-. 

La familia Cana está incluso dispuesta a darse de alta como explotación ganadera,  además hacerles a los animales las pruebas necesarias que certifiquen que están en las condiciones adecuadas, porque su prioridad principal es salvarles la vida. 

Sin embargo, hasta el momento, la última noticia por parte de la Junta es que se llevará a cabo el sacrificio de los animales si Cana no presenta la documentación (alta de explotación ovina, análisis veterinario, castración del macho, vacunas ). "Gracias al recurso presentado -indican desde la Junta-, el caso ganó diez días, pero el plazo se cumplió el pasado sábado". La principal preocupación desde la administración es que los animales carecen de trazabilidad sanitaria en una zona de riesgo de brucelosis, como es el Campo de Gibraltar. Sin embargo, esta información no casa con la que tiene el abogado de PACMA que afirma que, en virtud de la legalidad vigente, el algecireño tendría un mes para acreditar la salud de los animales.