El 30% de los juicios que se señalaron durante el año pasado en los juzgados andaluces se suspendió, una tendencia sostenida desde antes de la pandemia que genera una “grave disfunción” y resta eficiencia a la Justicia. La provincia de Cádiz registró de media un porcentaje de suspensiones similar al andaluz, un 30%, cifra que iguala las cancelaciones de vistas orales del año  021.

Así, tal y como recoge la memoria anual del Tribunal Superior  de Justicia de Andalucía relativa al año pasado, en los juzgados y tribunales gaditanos se señalaron en 2022 un total de 54.471 juicios, de los cuales 37.853 se celebraron y 16.564 se suspendieron.

Las suspensiones de juicios y vistas afecta a la pendencia de las causas y perjudica la buena eficiencia del servicio judicial, ya que ese hueco del señalamiento no puede cubrirse sobre la marcha, según ha alertado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su última memoria anual.

El Alto Tribunal ha apuntado que pese a la “tónica de descenso” en el porcentaje de suspensiones de los dos últimos años, fundamental tras la obligada inactividad durante el estado de alarma por la pandemia del Covid, la tasa de juicios que no se celebran sigue siendo elevada.

La jurisdicción Social continúa siendo la que más juicios suspende, hasta no celebrar el 54% de las vistas señaladas durante 2022 a nivel andaluz.

En el caso de Cádiz, como en casi todas las provincias de la  comunidad autónoma, el porcentaje de  suspensiones en la jurisdicción Social supera el 50%, en concreto, llega al 51. En términos cuantitativos, se señalaron 8.414 vistas el año pasado, 4.145 se celebraron y 4.269 se cancelaron.

Por encima de la media del 30% de suspensiones a nivel  provincial, se sitúan, además de  los Juzgados de los Social,  los Juzgados de Familia (36%), los Juzgados Contenciosos-Administrativos (34%), los Juzgados de  lo Penal (34%), las Secciones  Civiles de la  Audiencia Provincial (32%) y los Juzgados de Violencia sobre  la Mujer (30%).

Las suspensiones aumentarán por la huelgas

El TSJA ha adelantado que, a estas cifras, habrá que sumar el impacto de las huelgas del sector judicial que se están sucediendo desde  que arrancó 2023, lo que tendrá una “importante repercusión” tanto en la suspensión de juicios como en otro tipo de actuaciones procesales.

Los primeros en secundar una huelga fueron los  Letrados de  la  Administración de  Justicia (LAJ), quienes desde  finales de  enero y tras nueve  semanas de paro, lograron una subida salarial de  hasta 450 euros brutos al mes. Según las cifras que aportaron los LAJ, antes denominados secretarios judiciales, su movilización supuso la suspensión de más 3.000 juicios en Cádiz. Poco después comenzó la huelga de los funcionarios de Justicia, que aún se mantiene. Los sindicatos Comisiones Obreras, UGT, Staj y Csif reclaman unas funciones “claras y definidas” y unas retribuciones “justas”. 

Comparativa regional

Frente a este  panorama, el  TSJA ha considerado necesario adoptar medidas para la regularización de la situación generada por las distintas huelgas.

Durante el año pasado, de los 323.135 señalamientos de juicios y vistas en Andalucía se celebraron 237.117 y se aplazaron o se suspendieron otros 96.928.

Por provincias, Almería ha incrementado ligeramente su porcentaje de suspensiones y se ha convertido en la que más juicios ha dejado sin celebrar, un 35%,  con especial protagonismo en materia Social y Civil, seguida de cerca de Málaga, que ha aumentado las suspensiones en todas las jurisdicciones hasta el 34%.

En la media del 30% de suspensiones se sitúan Cádiz, que iguala sus registros de 2021; y Córdoba, que también mantiene los porcentajes del año anterior aunque reduce las suspensiones en la jurisdicción Contenciosa.

En Sevilla, ha descendido el porcentaje de suspensiones en todas las jurisdicciones, excepto la Social, hasta alcanzar una media global que asciende a un 29%.

En Granada, el porcentaje de suspensiones total se mantiene en un 28%, aunque aumenta ligeramente en Civil, Penal y Social; el mismo porcentaje de los juzgados onubenses, que han reducido en número de suspensiones en todas las jurisdicciones.

Jaén fue durante 2022 la provincia con un menor porcentaje de suspensiones, que han descendido en el último año hasta el 22 %.