Juicio a Antonio González, alcalde de San José del Valle "Alcalde, o archivas o derribas"

  • Visto para sentencia el juicio a Antonio González (PSOE), alcalde de San José del Valle, por no demoler una edificación ilegal en su pueblo

Antonio González, de espaldas, frente al tribunal de la Sección Octava en Jerez. Antonio González, de espaldas, frente al tribunal de la Sección Octava en Jerez.

Antonio González, de espaldas, frente al tribunal de la Sección Octava en Jerez. / D.C.

Calmado y con mesura, quizás por su formación profesional como psicólogo, por sus años de experiencia como maestro o por la templanza y cautela que le exige su puesto de alcalde. Así declaró este miércoles Antonio González Carretero, regidor socialista de San José del Valle, ante el tribunal de la Sección Octava de la Audiencia Provincial con sede en Jerez por archivar dos expedientes –uno sancionador y otro de derribo– que afectaban a una edificación ilegal en su pueblo.

Durante la vista oral, el primer edil vallense explicó que tuvo constancia de que un vecino de la barriada los Alcornocalejos había construido en su parcela una vivienda y una piscina de manera ilegal a raíz de una denuncia que interpuso la Policía Local por infracción urbanística. Entonces González incoó dos expedientes: uno sancionador, porque el vecino había realizado las obras sin licencia, y otro de reposición de la realidad física alterada, porque la finca en cuestión estaba afectada por una vía pecuaria. “Por aquella fecha (2015), yo llevaba 11 días como alcalde de San José del Valle”, señaló González.

El regidor socialista puntualizó que la edificación irregular que ha dado lugar a este caso “no es una vivienda como tal, es un cuarto de aperos de unos 30 metros cuadrados, de chapa y sin ventilación, que el dueño de la finca se construyó porque estaba harto de que le robaran los instrumentos de labranza”. También refirió que la piscina, de unos 20 metro cuadrados, era de plástico, “de las que se compran en cualquiera de las grandes superficies comerciales”.

A partir de la denuncia que presentó la Policía Local, prosiguió Antonio González a preguntas del fiscal, técnicos del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación de Cádiz visitaron el terreno donde su ubicaba la construcción ilegal y elaboraron un informe jurídico en el que, efectivamente, precisaron que esa zona estaba afectada por una vía pecuaria y que, por tanto, gozaba de una protección urbanística especial.

Antonio González antes de entrar a juicio. Antonio González antes de entrar a juicio.

Antonio González antes de entrar a juicio. / Manuel Aranda

Esa protección, según detalló una asesora jurídica del SAM que declaró en el juicio como testigo, llevaba aparejada la prohibición de realizar obras de nueva construcción en esa área de San José del Valle, si bien estaban permitidos los trabajos de conservación y mantenimiento sobre lo ya construido.

En este punto, González Carretero recordó que la finca objeto de controversia “está en suelo urbano consolidado según nuestro PGOU. De hecho, en esta barriada existen con todo tipo de edificaciones e instalaciones públicas: colegios, centro culturales, polideportivos, parques infantiles, oficina de correos, saneamientos, red de alumbrado público, agua potable, calles asfaltadas... No se puede obviar que de las 1.500 viviendas que hay en San José del Valle, 842 están asentadas en vías pecuarias”, apostilló el alcalde.

El regidor del Valle subrayó además que existe un proyecto elaborado por la Junta de Andalucía para desafectar y desviar la referida vía pecuaria, aunque de momento no está ejecutado.

Cuestionado sobre la razón por la que se negó a firmar los dos decretos (el sancionador y el de derribo) que instruyó el secretario accidental del Ayuntamiento en 2016, González Carretero explicó al tribunal lo siguiente: “En ningún momento le di carpetazo al tema. Lo que ocurrió fue que el dueño de la parcela vino a mi despacho y me comentó que había solicitado autorización a la Consejería de Medio Ambiente para ejecutar las obras. Por ello, consideré oportuno esperar a la resolución de la Junta de Andalucía antes de firmar una sanción de 3.000 euros, que podía quedarse en 300 si la administración autorizaba los trabajos, y antes de ordenar un derribo, que, sin duda, es un mal irreparable”.

El fiscal ha mantenido su petición de 12 años de inhabilitación para Carretero

“Alcalde, o archivas o derribas”, dijo González que le refirió el secretario del Consistorio. Ante esa tesitura, el regidor del Valle eligió “el archivo, eso sí, provisional”. “Nos dimos de plazo un año. Si la Junta no respondía en ese tiempo, volvíamos a abrir sendos expedientes, como así se ha hecho”.

El primer edil socialista manifestó que en mayo de 2017 mantuvo una reunión con el jefe de servicio de Medio Ambiente y con el responsable de vías pecuarias, quienes le adelantaron verbalmente que la Junta no iba a autorizar las obras del vecino denunciado. “La explicación que me dieron es que los técnicos desconocían –y desconocen– por dónde transcurre exactamente la vía pecuaria”.

Así, “con el no de la Junta por delante, ordené al secretario reabrir de nuevo los dos expedientes”. El fiscal, sin embargo, sostuvo que dichos expedientes se volvieron a incoar porque González tuvo constancia de la denuncia presentada contra él. A día de hoy, este asunto de la vivienda ilegal está paralizado hasta que se resuelva el procedimiento penal que ha llevado a González al banquillo.

En sus conclusiones finales, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo su petición de 12 años de inhabilitación para Carretero por el delito de prevaricación. El regidor, por su parte, hizo uso de su derecho a la última palabra durante unos quince minutos.

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