San José del Valle, un municipio que no llega a los 5.000 habitantes y que se independizó de Jerez en 1995, se asienta sobre una red de vías pecuarias. Creció con los planes de colonización del franquismo. No es un pueblo de colonización, pero se desarrolló como tal. En San José del Valle prácticamente nada es de San José del Valle y casi era así desde sus inicios, cuando alrededor del convento de los dominicos descalzos, a principios del XVIII, se estableció un núcleo de chozas habitadas por los trabajadores de los latifundios de la zona, esos que hoy en buena medida siguen en manos de descendientes de aquellos terratenientes, como los Morenés, pero que en otra buena parte pertenecen a corporaciones alemanas que en su día vinieron atraídos por las canteras y explotaciones mineras.

La principal avenida del pueblo también fue una vía pecuaria, pero Jerez se la compró a la Junta y es de lo poco construido que se puede decir que es completamente legal. "En el pueblo hay unas 2.000 viviendas y más de 750 de ellas están asentadas en vías pecuarias", explica Antonio González, un socialista de casi dos metros, psicólogo especialista en sexología y situado en la diana del PP, a quien arrebató la alcaldía en las últimas municipales. "No sé si por la influencia de los salesianos, que tienen desde hace mucho un colegio aquí, pero lo cierto es que de los pueblos del entorno éste es el que siempre ha tenido una mayor base de la derecha, lo que no debería pegar mucho en una tierra muy jornalera", reconoce González.

Técnicamente, también todo es ilegal, o alegal, en la barriada de Cornocalejo, que aquí la gente conoce por el Briole, en honor a la fábrica de muebles que durante mucho tiempo fue la primera empresa del pueblo y que se deslocalizó a raíz de sufrir dos crisis en una, la inmobiliaria, que afectó a todo el mundo, y la de la instalación de Ikea en Jerez.

La parcela de la discordia, el ring de la batalla desatada entre el ex alcalde, Antonio García, y el alcalde, se encuentra a mitad de la larguísima barriada El Briole, que es una sola calle que alterna a sus dos lados grandes casas con piscinas con uso de recreo, modestas edificaciones con casi medio siglo, vaquerizas, una fábrica de piensos y algunos equipamientos públicos, como un colegio que ya no se usa. Es una finca como tantas hay, propiedad de un modesto conserje de un colegio de Torrecera. Desde fuera no se ve el interior porque cuenta con un alto cerramiento metálico, que es absolutamente legal, con todas las autorizaciones. Lo que hay dentro ya no lo es tanto. Se trata de un "cuarto de aperos" de 35 metros cuadrados y una gran piscina de plástico desmontable incrustada en el suelo rodeada de césped artificial.

Patricia Navarro maneja un volumen de trabajo casi inasumible para un mortal, como buena parte de los trabajadores de la Justicia en nuestra provincia. Es la fiscal de Medio Ambiente, maneja centenares de casos al años y recientemente recordaba que "no nos podemos dedicar a recorrer la provincia en coche buscando viviendas ilegales. Sólo nos faltaría eso. Tenemos que trabajar siguiendo denuncias". Sólo en 2016 se abrieron 120 nuevos procedimientos, aunque apenas hay derribos, sobre todo si se considera que el censo de viviendas ilegales en la provincia, según los ecologistas, asciende a 40.000.

Una de estas denuncias ha llevado a Antonio González a sumarse a otros doce ediles que tienen causas abiertas por prevaricación relacionadas con viviendas ilegales. Pero su caso no ha caído en manos de Medio Ambiente. El PP quiso hacer algo más de sangre. Denunció en Anticorrupción, un departamento en manos del muy activo fiscal Manuel Luis Arjona. Si lo que sospecha el fiscal es cierto, el alcalde de San José del Valle tiene un serio problema. ¿El motivo? No necesariamente la supuesta vivienda que no es vivienda, sino hacer algo irregular a sabiendas. "Con conocimiento de su ilegalidad, de manera arbitraria y anteponiendo su (...) capricho a la ley y pese a la advertencia por parte del secretario-interventor del Ayuntamiento de que sus hechos podrían ser constitutivos de un ilícito penal (…) decretó de manera unilateral el archivo de un expediente sancionador y una orden de demolición". El de ese "cuarto de aperos". Eso es lo que, al menos, González ha leído en la prensa porque asegura no haber recibido comunicación oficial de su situación. La noticia fue recibida con alborozo por el sector susanista del PSOE provincial, ya que González apoya a Pedro Sánchez, y por el ex alcalde del PP, con una animadversión hacia González que es mutua. "¿Cómo os lleváis?" "No nos llevamos".

Recorremos el pueblo con González, al que observo agobiado. Va señalando a un lado y a otro en las barriadas de El Boquete o en la empinada Cuesta de San Antonio de casi dos kilómetros las viviendas asentadas sobre vías pecuarias. "Mira esa, y esa. Y aquí tienen agua potable y red eléctrica pero hay que acometer el saneamiento. Aquí casi todo lo han levantado los vecinos, algunos hace muchísimo tiempo, muchos con los mínimos papeles. ¿Qué hago? ¿Lo tiro? ¿Lo tiro todo? Claro que me agobia. ¡Es que esto me está robando mucho tiempo con todas las cosas que hay que hacer en el pueblo y eso me agobia!", se explica. A continuación, da su versión. "Yo sólo realicé un archivo temporal porque el propietario de la finca puso un recurso ante la Junta, que es la propietaria al ser una vía pecuaria. Aún no se ha fallado. La demolición es un último recurso. Si ahora la Junta falla a su favor, ¿tiene que correr el Ayuntamiento con la reconstrucción de la edificación y los gastos por daños y perjuicios? ¡Es que esto es de locos! Vosotros veis lo que es y de lo que está rodeado. Dije que se lo iba a tirar, está en los papeles -enseña los documentos-, le apercibí y recurrió. Tenía derecho a recurrir. Pues entonces qué otra me queda que detener la orden de demolición. ¿Y eso cómo se hace? Archivando temporalmente ¿no?".

Justo enfrente de la finca en cuestión está una de las primeras casas de El Briole, la de Ana Mari y el Candela. Él se ha pasado la vida cardando remolachas para los dueños de las grandes fincas y observa desde la sombra de una parra las explicaciones del alcalde sin modificar el gesto. Ella no, Ana Mari es toda acción. Se vino aquí con 18 años y un crío, hace ya casi medio siglo, "cuando aquí sólo había palmas". Lo que fue una modesta casita se ha ido convirtiendo en una casa coqueta, con mucha madera. Es bonita. Aquí cada casa está hecha a gusto del consumidor, es decir, el que la construye, que suele ser uno mismo.

Ana Mari en acción: "Y aquí a unos les dan permiso y a otros no y nadie sabe por qué. Ahí hay uno que está construyendo dos casas que las quiere para alquilarlas y hacer negocio. Antes venían los forestales con una moto grande y te denunciaban un pozo, pero al final no pasaba nada. Y yo denuncié a uno que plantaba marihuana, un vecino de aquí, y me llevaron a mí ante el juez y me dijo que porqué estaba allí y le dije que por llamarle hijoputa y entonces la juez me dijo que me multaba con cinco euros por cada vez que le insultara. ¿Ah sí, señora juez? Pues páreme cuando llegue a 60 euros. Y le dije de todo". Ana Mari no para de hablar y todas son historia divertidas, lo que hace que se congreguen algunos vecinos a escucharla.

Uno de ellos es Juan, que está a favor del alcalde y que no acaba de entender qué es lo que ha hecho. "Pero si le dejaron poner el cerramiento, ¿qué más da ya lo que este hombe ponga dentro si no se ve?" Y el cerramiento ciertamente sí que es feo. También señala una casa que tiró Pedro Pacheco, que era gran aficionado a la piqueta y que intentó ordenar su territorio rural como quien mata mosquitos en verano contra las paredes: deja mucha sangre pero cada vez hay más mosquitos. "Vinieron con la cuchara, se fue abajo. Y según se fueron la levantaron de nuevo, al día siguiente". Eran otros tiempos, cuando San José del Valle pertenecía a Jerez, pero se habla de aquello como si fuera hace una semana. El tiempo aquí se congela con el calor que derrite. Es lo que pasa en los sitios en los que pasan pocas cosas.

Otro vecino se queja al alcalde de que por qué no le ponen una acera a El Briole, que él paga el IBI como el resto de vecinos que tienen acera. "Porque no es del pueblo. No puedo poner una acera. ¿Qué quieres? ¿Que me metan en la cárcel?", trata pedagógicamente de ilustrar en broma el alcalde. A continuación nos explica que "tenemos un PGOU desde 2005 y esto como tal es suelo urbano, pero no puedo actuar sobre él, es vía pecuaria. Hablamos de un deslinde y que la vía pecuaria se moviera unos metros allá, tras las casas, pero son terrenos de la mina y nos costaría no menos de 80 millones. Imposible".

Se sale del pueblo por el asfalto de una vía pecuaria. La guerra queda atrás. Heridas de la política. 35 metros dan para mucho.