La Fiscalía se ha querellado contra el alcalde de San José del Valle, Antonio González Carretero (PSOE), por decretar de manera unilateral el archivo de un expediente sancionador y el archivo también de una orden de demolición contra una vivienda construida de manera ilegal en este municipio. La Fiscalía ha pedido de esta manera al Juzgado de Instrucción de Jerez que corresponda la apertura de un procedimiento contra este alcalde ya que entiende que pudo cometer sendos delitos recogido en el Código Penal como son los de prevaricación y participación de funcionario público en un delito urbanístico.

La actuación de la Fiscalía se produce tras una denuncia presentada el pasado febrero contra el actual alcalde vallense por su predecesor en el cargo, Antonio García Ortega (PP). Tras analizar la documentación facilitada por el Ayuntamiento de San José del Valle, el Ministerio Público concluye que Antonio González Carretero firmó dos decretos en mayo de 2016 "con conocimiento de su ilegalidad, de manera arbitraria y anteponiendo su voluntad y capricho a la ley y pese a la advertencia por parte del secretario-interventor del Ayuntamiento de que sus hechos podrían ser constitutivos de un ilícito penal", según recoge el escrito al que ha tenido acceso este periódico, con fecha del pasado 19 de abril y que está rubricado por el responsable de la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Luis Arjona.

A partir de ahora el Juzgado de turno abrirá diligencias previas contra el regidor vallense, que se supone que será llamado a declarar como investigado. Posteriormente se dictaminará si hubo o no delito en su actuación.

De momento la Fiscalía aprecia dos posibles delitos en la decisión de González Carretero de archivar hace ahora un año todos los expedientes abiertos contra el propietario de una vivienda construida en la barriada de los Alcornocalejos.

Una inspección realizada por la Policía Local en agosto de 2015 -dos meses después de que González Carretero fuera elegido alcalde- constató que en una vía pecuaria de la referida barriada se había construido una vivienda y una piscina desmontable sin la respectiva licencia municipal.

A partir de ahí se inició el procedimiento habitual en estos casos, solicitando un informe al Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) y nombrando un instructor del expediente sancionador. Este expediente se culminó en mayo de 2016 y se propuso al alcalde que impusiera al propietario una multa de 3.000 euros por un delito urbanístico. No obstante, el regidor "se dirigió al instructor del expediente y le manifestó que no iba a firmar dicho decreto", según la Fiscalía. Bien al contrario, González Carretero dictó un decreto en el que archivaba esa propuesta de sanción.

En paralelo, se tramitó igualmente un expediente de restauración de la realidad física alterada -derribo de lo construido- y se le dio un mes de plazo al propietario para que acatara esta orden, algo que no hizo. Sin embargo, de nuevo González Carretero, siempre según la Fiscalía, dictó un decreto en el que archivaba igualmente este expediente.

Por todo ello el fiscal Anticorrupción pide que se investigue al alcalde y también al propietario de la vivienda, por si este último pudo cometer un delito contra la ordenación del territorio.