La jueza de Violencia de Género de Cádiz reclama más medios personales para poder asumir los delitos sexuales

Un total de 123 jueces y juezas especializados en violencia machista alertan del "colapso" al que se enfrentan los Juzgados de Violencia sobre la Mujer que, a partir de este viernes 3 de octubre, deberán asumir los delitos sexuales sean cometidos o no por la pareja o ex pareja de la víctima. La jueza Bárbara Izquierdo, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cádiz, es una de las magistradas que ha respaldado esta queja.

En un comunicado, los jueces señalan que el pasado mes de marzo ya alertaron de las "nefastas consecuencias" que supondría que unos órganos "sobrecargados desde hace años" asuman ahora nuevas competencias sin que ello haya ido acompañado de un aumento del número de jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer.

"Necesitamos más medios personales, precisamos de más jueces y fiscales", advierte la jueza Bárbara Izquierdo, que recuerda que en abril del pasado año el Ministerio de Justicia acordó la comarcalización del Juzgado de Violencia de Género de Cádiz, fecha desde la que absorbió también los casos de Puerto Real y San Fernando.

"Este órgano judicial ya requería de un segundo magistrado para tramitar la carga de trabajo", explica Izquierdo. De ahí que ahora, cuando tiene que asumir también los delitos sexuales (por ejemplo, la trata de mujeres con fines de explotación sexual) insista en reclamar más plantilla "para que el juzgado no se convierta en un embudo y evitar así retrasos en los asuntos de violencia, unas causas especialmente sensibles", afirma.

Por su parte, la fiscal responsable del Área de Violencia de Género en Cádiz, Lorena Montero, se suma a la demanda planteada por la magistrada Bárbara Izquierdo y exige además "unas instalaciones dignas". "No podemos perder el estatus alcanzado en 2004 con la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género", subraya.

En la memoria anual relativa al año 2024, publicada recientemente, la fiscal de Violencia de Género de Cádiz denunció que el Juzgado Comarcal de Violencia no tiene cámara Gessel en su sede, sino que ésta se encuentra en el Juzgado de Menores; y aunque Menores se localiza en el mismo emplazamiento -el estadio Nuevo Mirandilla de la capital gaditana-, obliga a las víctimas "a recorrer por la calle más de 500 metros".

También se hizo eco de las quejas de los responsables del Instituto de Medicinal Legal (IML) y las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) por la falta de personal. "A 5 de febrero de 2025 sólo contaban con tres médicos forenses, una psicóloga y dos trabajadoras sociales para toda la provincia", exponía Montero en su balance anual para luego abordar las consecuencias de esta mermada plantilla: "Hay retrasos inauditos en la citación y realización de informes, con nefastas y evidentes consecuencias. Hacemos un llamamiento y destacamos que este instrumento resulta indispensable en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, siendo necesaria una mayor implicación de las administraciones públicas. Es esencial dotar al IML y, por ende, a las UVIVG de profesionales que permitan atender la demanda de periciales necesarias para garantizar la efectiva protección de las víctimas".

La fiscal responsable de Violencia de Género en Cádiz también mencionó en su memoria los "problemas técnicos" registrados en 2024 con Cometa, entidad encargada del seguimiento por medios telemáticos (pulseras antimaltrato) de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y sexual. Lorena Montero informó sobre incidencias en las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre la central Cometa y los investigados, "lo que nos dejó huérfanos de una prueba de relevancia para el enjuiciamiento de determinadas conductas", concluyó.

"Es inasumible"

Ante el comunicado de los más de 120 jueces especializados en violencia machista, el Ministerio de Justicia anunció la creación de un 50% más de plazas destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer

"Pero la realidad es muy distinta", indican los jueces, que alertan de que no sólo no se ha creado ese 50% de plazas prometido, sino que no se ha dotado a los juzgados de los refuerzos que también se prometieron hasta que se crearan esas plazas, el 1 de enero de 2026.

Unos refuerzos, aseveran, que ahora se van a limitar a comisiones de servicio sin relevación de funciones. "Esto es, nombrar jueces que, además de su trabajo, saquen parte del papel que se acumula en estos órganos judiciales".

"La realidad es que esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible. No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente", alertan.

Denuncian que la realidad es que en la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas.

Fuentes del Ministerio que dirige Félix Bolaños han destacado, por su parte, que los juzgados y secciones de Violencia contra la Mujer verán los nuevos casos que se produzcan desde el 3 de octubre, mientras que los casos que ya estaban en tramitación continuarán en los juzgados de instrucción.

Han señalado que para que puedan asumir este "paulatino" incremento de carga de trabajo, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en un 12,9%, el Gobierno aprobó la creación de 50 plazas judiciales, lo que supone un incremento de la plantilla de jueces de violencia del 42%.

Su incorporación, han asegurado, será progresiva. Y hasta que se haya completado, en diciembre, el Ministerio dotará de refuerzos temporales a todos los juzgados o secciones que lo requieran.