La Fiscalía de Violencia de Género de Cádiz solicita más personal: "Hay periciales de 2022 pendientes"

La Memoria de la Fiscalía de Violencia Doméstica y de Género de Cádiz del año 2024, publicada recientemente, señala que la violencia contra las mujeres y sus hijos revela cada años "nuevos retos" que deben ser asumidos con unos recursos que no siempre son suficientes o adecuados.

Además de las incidencias técnicas en la migración de datos detectadas con la central Cometa, entidad encargada del seguimiento por medios telemáticos (pulseras) de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y sexual, la Fiscalía de Cádiz enumera una serie de deficiencias que entorpecen las tareas encaminadas a combatir la violencia machista.

Eso sí, 2024 arrojó un dato positivo en la provincia gaditana: ninguna mujer murió a manos de su pareja o ex pareja. No obstante, el número de denuncias por violencia de género en Cádiz aumentó respecto a años anteriores: 6.215 frente a las 5.618 de 2023 y las 5.777 de 2022.

Entre las advertencias que realiza la Fiscalía de Violencia de Género en su balance anual, destaca que "la mayoría de las víctimas no cuentan con asistencia letrada en las diligencias realizadas en sede policial". Al respecto, el Ministerio Público denuncia "el escaso número de letrados en servicio de guardia" y pone como ejemplo Puerto Real, donde "el Juzgado Mixto y el Juzgado de Violencia comparten abogado, con las consiguiente fricciones entre los órganos judiciales". Apunta también que "no se remiten los atestados desde la Policía al juzgado por el sistema Lexnet".

La fiscal responsable del Área de Violencia de Género en la provincia expone también que el Juzgado Comarcal de Violencia -que asume los partidos judiciales de Cádiz, Puerto Real y San Fernando- no tiene cámara Gessel en su sede, sino que ésta se encuentra en el Juzgado de Menores; y aunque Menores se localiza en el mismo emplazamiento -el estadio Nuevo Mirandilla de la capital gaditana- obliga a las víctimas "a recorrer por la calle más de 500 metros".

Asimismo, la memoria anual alude a la "separación geográfica del Juzgado de Violencia y el Juzgado de Guardia, este último con inadecuadas instalaciones y deficientes medidas de seguridad".

A todo lo expuesto, la Fiscalía suma otro problema, quizás, el más grave: la falta de recursos asistenciales para las víctimas mayores, dependientes o drogodependientes. El informe de 2024 de Violencia de Género avisa de "la escasez de servicios de asistencia de urgencia, por no decir inexistencia, para mujeres mayores con necesidad de ayuda por sus limitaciones físicas o psíquicas". Alerta también de que no acceden a las casas de acogida las mujeres "con problemas de adicción" o aquellas con una valoración policial de "riesgo no apreciado", a pesar de evidenciarse en sede judicial su necesidad.

El Ministerio Fiscal habla además de la pésima situación de los Juzgados Mixtos, como el número 4 de Chiclana, ya que "encubre una comarcalización y, junto a los asuntos penales y civiles de toda índole, asume la especialidad de violencia de género no sólo de Chiclana, sino también de Conil, Medina Paterna, Alcalá y Benalup.

Falta de peritos

Por último, la memoria recoge las quejas de los reponsables del Instituto de Medicinal Legal (IML) y las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) por la falta de personal. "A 5 de febrero de 2025 sólo contaban con tres médicos forenses, una psicóloga y dos trabajadoras sociales para toda la provincia", explica el informe para luego abordar las consecuencias de esta mermada plantilla: "Hay retrasos inauditos en la citación y realización de informes, con nefastas y evidentes consecuencias. Hacemos un llamamiento y destacamos que este instrumento resulta indispensable en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, siendo necesaria una mayor implicación de las administraciones públicas. Es esencial dotar al IML y, por ende, a las UVIVG de profesionales que permitan atender la demanda de periciales necesarias para garantizar la efectiva protección de las víctimas".

En cuanto a la situación actual de los expedientes que requieren valoración psicosocial de familia, "contamos con periciales solicitadas en 2022 que se encuentran pendientes de citación". "Ni que decir tiene que los Juzgados de Violencia no cuentan con el apoyo de un médico forense para la elaboración de valoraciones urgentes", concluye la memoria.