"Irregularidades, caprichos e injerencias políticas" en las subvenciones a la industria de la Bahía

El fraude cometido con las subvenciones públicas destinadas a la reindustrialización de la Bahía de Cádiz por valor de más de 15 millones de euros entre los años 2010 y 2011 se llevó a cabo, según la Fiscalía Anticorrupción, a través de dos ramificaciones: una empresarial, con Alejandro Dávila Ouviña a la cabeza, y otra política y técnica, liderada por Antonio Perales, entonces director del Plan Bahía Competitiva. El fiscal sostiene que la tramitación de la convocatoria de las ayudas Reindus para el año 2011 estuvo plagada de "irregularidades", "caprichos" e "injerencias políticas".

Las ayudas Reindus del Ministerio de Industria se otorgaban en función de un informe técnico de viabilidad económica "trascendental" que elaboraba la Diputación de Cádiz, a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT), en colaboración con la Consejería de Innovación, Ciencia y Desarrollo de la Junta de Andalucía , de la cual dependía el Plan Bahía Competitiva. Es decir, aunque las subvenciones provenían del Gobierno, Diputación y Junta (a través de la Agencia IDEA) se encargaban de su tramitación y, a la postre, de su aprobación en una comisión evaluadora en Cádiz que después remitía sus propuestas favorables a un Comité de Gestión y Coordinación en Madrid.

Anticorrupción afirma que esas comisiones, conformadas por los técnicos Rosa Rodríguez (del Plan Bahía Competitiva), Gema Herrero (de la Agencia IDEA), Teodoro Clavijo y Rosa Barreiro (ambos del IEDT), eran las encargadas de estudiar la viabilidad de los proyectos empresariales que querían acceder a fondos públicos. "Si bien la decisión que se debía adoptar en las comisiones tenía que basarse exclusivamente en criterios económicos, en realidad la voluntad de los técnicos estaba condicionada a lo que decidiesen de manera discrecional y arbitraria sus inmediatamente superiores, en este caso, los acusados Antonio Perales, director del Plan Bahía Competitiva; Rosa Mellado, gerente provincial de la Agencia IDEA; Teodoro Garrido, gerente del IEDT; María José Valencia, vicepresidenta del IEDT y delegada provincial de Empleo; y Adelaida Moares, jefa del Servicio de Empleo, Innovación y Cooperación del IEDT".

La Fiscalía mantiene que "una vez que la comisión decidía a su antojo los proyectos que recibirían ayudas", se remitía al Ministerio vía archivo electrónico un listado en el que figuraban los beneficiarios, los que quedaban en lista de espera y los desestimados. Simultáneamente a dicho listado, se rellenaba por vía telemática una ficha más extensa con una descripción detallada del criterio seguido para baremar las puntuaciones, la cual quedaba cargada en una plataforma web segura del Ministerio.

"Los técnicos que intervenían en las comisiones de Cádiz y los responsables políticos de los que dependían tenían perfecto conocimiento de que por parte del Comité de Gestión y Coordinación en Madrid no se accedía a dicha plataforma con anterioridad a sus reuniones, salvo que figurase alguna objeción o reparo", detalla el fiscal.

De esta forma, prosigue la acusación pública, en marzo de 2009 se aprobó, entre otras, una ayuda para Cádiz Solar Center (entonces en manos de dos americanos con los que Ouviña acabó llegando a un acuerdo). En febrero de 2010 obtuvieron el visto bueno dos proyectos más vinculados a Dávila Ouviña y Juan Arespacochaga, Aquandalucía y Soluciones Tecnológicos Ambientales. En marzo de 2011 se concedieron ayudas públicas por valor de más de 26 millones de euros a 11 proyectos del empresario gallego, si bien finalmente no se llegaron a entregar.

Según Anticorrupción, cuando la comisión detectó "el alarmante riesgo que suponía la concentración de dicha ingente cantidad de ayudas públicas a empresas que, no sólo estaban bajo el mandato de una misma persona que no ofrecía garantía de viabilidad -Ouviña-, sino que al ser sociedades de nueva creación, no disponían de trabajadores ni de centros de producción, tanto los técnicos acusados como sus superiores jerárquicos procesados ocultaron esta información al Comité de Gestión de Madrid y en lugar de rechazar las propuestas de Dávila Ouviña, las incluyeron en el listado de proyectos favorables". De esta forma, miembros del Comité de Gestión de Madrid, entre ellos Jesús Candil, director general de Industria, y Ramón Herrero, subdirector general de Programas Estratégicos del Ministerio de Industria, nunca fueron advertidos de estas irregularidades.

Para ello los encausados "usaron como artimaña las fichas que se rellenaban telemáticamente y que quedaban almacenadas en la web del Ministerio", por cuanto sabían que "el Comité de Madrid únicamente revisaba el listado de proyectos enviado por correo electrónico y no la base de datos de la plataforma web", advierte la acusación pública.

"El procedimiento que se siguió para redactar el informe técnico base de la propuesta de concesión de las ayudas estuvo plagado de irregularidades que evidencian que no se siguieron criterios técnicos para su elaboración, sino directrices políticas ajenas a la normativa", precisa Anticorrupción, que habla de "injerencias políticas sin ninguna base técnica".

El fiscal subraya el "especial empeño de Antonio Perales de beneficiar de manera discrecional a su localidad natal de Alcalá de los Gazules, a su familia y a él mismo". Perales, especifica, "alteró conforme a su simple capricho el listado de empresas beneficiarias".