Los inspectores de pesca de Cádiz culpan al Gobierno por el bloqueo en la campaña almadrabera: "Advertimos que esto podía pasar"

Las almadrabas gaditanas esperan con los brazos abiertos la llegada de los atunes rojos salvajes que cada año atraviesan a toda mecha el Atlántico camino del Mediterráneo para desovar. La danza milenaria, el frenesí para perpetuar la especie, la agitación del cerco que se cierra mientras el copo se levanta, es uno de los espectáculos más bellos que pueden verse en las aguas españolas. Cádiz, con sus cuatro almadrabas, es única en este arte sostenible que lleva repitiéndose en sus costas durante los últimos tres milenios. Sin embargo, toda la maquinaria, incluidos los miles de puestos de trabajo que dependen de ella, está en pausa por culpa de la huelga indefinida iniciada el 3 de marzo por los inspectores de pesca. Representantes de este colectivo han matizado que “la huelga comenzó hace más de un mes con las campañas del norte de España, donde no resultamos paralizantes. Con ello buscábamos dar tiempo al Gobierno a solucionar el problema antes de que llegase la época de la almadraba y otras campañas en las que sí resultamos imprescindibles”.

Los inspectores reconocen que “desde la primera reunión del comité de huelga hemos estado recordando que se acercaban campañas en las que la huelga resultaría muy dañina para este sector ante la pasividad de los representantes del Gobierno. Solicitamos, incluso, que constase de forma expresa en las actas de las reuniones el futuro impacto sobre las almadrabas, la medición de copos del Mediterrráneo y la campaña de atún rojo”.

Además, y esto es importante, los inspectores advierten que el ofrecimiento de los inspectores de la Junta, “aunque es entendible ante la inacción del Gobierno, no es legal. Utilizar personal externo para realizar tareas de personal en huelga se denomina esquirolaje externo y es ilegal, por lo que si el Gobierno optara por aceptar el ofrecimiento de la Junta estaría incumpliendo el Real Decreto –ley 17/1977– que regula el derecho fundamental a huelga. Asimismo tampoco sería legal que desde servicios centrales se enviase más personal que el que se ha enviado en campañas anteriores. Se denomina esquirolaje interno y ya existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto”.

Mientras tanto, instituciones como la propia Junta de Andalucía o la Diputación Provincial, se han sumado a las exigencias de los ayuntamientos implicados (Barbate, Conil, Zahara y Tarifa) a la hora de exigir al Gobierno que se siente con los inspectores y trate por todos los medios de encontrar un punto de encuentro.

Según ha podido saber este medio, la subida que reclama el colectivo no llega al millón de euros anual para los 181 inspectores que existen en España, de los que nueve realizan su labor en la provincia de Cádiz. Hay que tener en cuenta que los atunes están a punto de comenzar a pasar por el Estrecho, y que si no se pescan la campaña se puede perder, y con ello el beneficio que cada año trae a toda la provincia, no sólo para los pescadores, sino incluso para los hosteleros, puesto que hay centenares de establecimientos en toda España que esperan como agua de mayo el atún rojo salvaje recién capturado para poder confeccionar algunos de sus platos más emblemáticos.