La Fiscalía denuncia facturas falsas por 300.000 euros en el transporte escolar de la Junta en la provincia de Cádiz

La Fiscalía de Cádiz ha presentado una denuncia ante los juzgados tras un extenso periodo de investigación que abarca año y medio, en el que se ha detectado un favorecimiento económico ilícito en el servicio de transporte escolar de la provincia. El origen de la indagación reside en una alerta comunicada por la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre la gestión del servicio por parte de la Agencia Pública Andaluza de Educación (Apae), dependiente del Gobierno autonómico.

Según ha publicado El País y han confirmado a este medio fuentes del ministerio público, la denuncia alcanza una cuantía cercana a los 300.000 euros, resultado de la emisión de facturas falsas y la simulación de servicios no prestados. Los hechos investigados han vinculado a una red que implicaría a empleados de la agencia pública y empresarios del sector del transporte, a los que se les atribuyen presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración y falsedad documental. Entre ellos figuran gestores de Apae y representantes de la empresa Marceli y Juanito SL, que aparece como principal beneficiaria de los expedientes de contratación analizados.

El informe elaborado por la Intervención General, base sobre la que actúa la Fiscalía, desvela duplicidad de contratos menores —un total de 38 entre los años 2022 y 2023— y el pago reiterado de un mismo servicio por distintas vías administrativas. En palabras del interventor que destapó el caso al rotativo nacional, "se habría contratado por 762.210 euros un servicio que hubiera debido tener un coste de 172.863 euros. De lo contratado, se indica que Marceli y Juanito SL habría emitido facturas por importe de 544.580 euros, de las que se habrían abonado 455.035 euros".

Estas prácticas generaron un serio desajuste contable, con pagos por servicios que, según la investigación, se habrían realizado solo una vez pero facturados varias veces, especialmente en rutas escolares vinculadas al instituto Fernando Quiñones y al colegio José de la Vega en Chiclana de la Frontera.

Otro de los elementos clave de la investigación fue el despido de un administrador de gestión de la propia agencia pública, acusado de llevar a cabo traspasos presupuestarios contraviniendo los procedimientos internos. Estos movimientos irregulares permitieron formalizar documentos para justificar los pagos indebidos. La empresa señalada, Marceli y Juanito SL, al cierre de esta edición, no ha respondido a las solicitudes informativas remitidas por este medio. Irregularidades detectadas en el ámbito público andaluz. La alerta sobre el funcionamiento de la Apae coincide en el tiempo con la detección de otras anomalías contables dentro de organismos públicos andaluces. La Intervención General elevó informes a la Fiscalía y, en otros casos, a la Oficina Andaluza Antifraude para depurar posibles responsabilidades.

En otras provincias, como Granada, también se han llevado a cabo investigaciones de este tipo por presuntas irregularidades.

El caso de Cádiz resalta la importancia de los sistemas de detección de fraude y los mecanismos de fiscalización interna para evitar prácticas como la duplicidad de contratos y la emisión de facturas falsas, en sectores tan sensibles como el transporte de escolares. Asimismo, evidencia la labor de la Intervención General y la eficacia de la colaboración institucional con la Fiscalía y la Oficina Antifraude, procurando la recuperación de los fondos públicos y la depuración de responsabilidades, tanto administrativas como, cuando procede, penales. En este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas se refuerzan como valores imprescindibles para garantizar la integridad en la gestión de los recursos públicos de la comunidad autónoma andaluza.