La Junta de Personal Docente no Universitario, que reúne a representantes de colectivos sindicales del ámbito de la educación, califica de “grave” que la situación de alarma sanitaria provocada por el COVID-19 no haya tenido ningún reflejo en una reducción de la ratio en los centros educativos, ni siquiera mediante desdobles de grupos: “Se da por hecho que se empezará sin problemas pero, en principio, tenemos hasta 28 alumnos por aula. Hay casos en los que sí se podría reestructurar los grupos porque se han estado cerrando unidades –apunta Juan José Ruiz, desde Ustea–. El profesorado de apoyo que al parecer se va a incorporar este curso no va a solucionar los problemas de falta de espacio o de centros con deficientes infraestructuras o con dotación obsoleta. Aunque hubiera un doble turno, eso no va a arreglar el tema de la distancia de seguridad. Ya hemos tenido en Andalucía, de hecho, un par de casos de contagio dentro del plan de apoyo estival”.

Además, la unión sindical apunta –tras la pasada reunión de la Comisión provincial de Garantías de Escolarización– que la información sobre el proceso de Escolarización de este año sigue siendo “insuficiente” por parte de la administración. “Todo esto, a pesar de que la Inspección de Trabajo nos da la razón en cuanto al derecho a acceder a esa información”, comenta Juan José Ruiz. Respecto a esta opacidad, tanto desde la Delegación provincial de Educación como desde Planificación se insistía en que los datos existentes no eran por el momento “seguros, y que podían variar”. Aun así, “las familias tienen derecho a saber qué va a ocurrir con la escolarización de sus hijos en julio y a no tener que esperar hasta septiembre”, añaden desde Ustea.

En esta reunión, también se denunció que este año, de nuevo, se vuelve a repetir el escenario que se dio en distintos centros escolares el curso pasado, cuando había familias a las que se intentó derivar a centros concertados ante la imposibilidad o incertidumbre de existir plaza en su centro de elección:“Algo que no respeta un derecho básico y constitucional”, apuntan. La práctica, indican desde Ustea, “no sólo se da en Primaria sino también en Secundaria y en Bachillerato. En Cádiz, hay casos de familias que han tenido a sus hijos en concertada en Secundaria pero en Bachillerato querían centro público. Nosotros sabemos que en Algodonales al menos cinco familias están dispuestas a dejar constar por escrito su no conformidad a ser derivadas a concertados en Infantil. En El Puerto, al menos hay un caso de recurso de alzado que pide que a su hijo no se le lleve a un centro religioso. Y estamos convencidos de que hay más casos”, indican desde Ustea, recordando que este año, también, la capital gaditana ha visto el cierre de dos líneas de Infantil de 3 años, una en el colegio La Inmaculada y otra en el Tierno Galván, sin que ningún centro concertado se vea afectado. Desde la Junta de Personal se insiste en la necesidad de defender el Sistema Educativo Público, “que es el más inclusivo, donde la matrícula es gratuita y no se cobran cuotas, donde el profesorado se selecciona con criterios objetivos, y donde debe tener una plaza toda familia que lo solicite”.

Los representantes sindicales también piden a la Delegación y al Servicio de Planificación que cesen las declaraciones “de que hay centros o AMPAS que mienten sobre ciertos datos de Escolarización”. Tras la disparidad de datos, apuntan desde el sindicato, pueden darse casos como que haya alumnos asignados en un centro, pero todavía no en un grupo.

Entre los centros educativos cuya situación resulta “preocupante” de cara al nuevo curso, la Junta de Personal destaca la Escuela Infantil El Vaporcito, en El Puerto, o el nuevo colegio de Casines, en Puerto Real. En el primer caso, desde la unión sindical se señala a un posible interés municipal en el terreno, “ya que desde el Ayuntamiento se decía a Delegación que no había demanda suficiente”, pero tampoco se ha entregado todavía ningún informe al respecto. Por otro lado, el centro de Casines está todavía en obras: “Aunque se supone que se terminan en agosto, puede que en septiembre aún no esté terminado, y entonces qué pasará con el alumnado”.

“Otro problema muy gordo –continúa el representante– es la atención al alumnado especial y la falta del profesorado especializado en audición y lenguaje. Además de la falta de educadores especialistas en Igualdad y Violencia de Género o de educadores sociales, con el incremento de casos de violencia que se están dando en las escuelas: ni siquiera están cubiertas todas las plazas de esta especialidad en la provincia”.