El director de compras del SAS en Cádiz niega irregularidades en los contratos investigados

Demetrio González declara ante la jueza que desconoce los informes de advertencia de Intervención

Un juzgado de Cádiz abre diligencias para investigar supuestas irregularidades contratos del SAS

Demetrio González (izquierda), a su salida de los juzgados de San José
Demetrio González (izquierda), a su salida de los juzgados de San José / Lourdes de Vicente

Cádiz/Demetrio González Mera, director económico central de compras de Cádiz del Servicio Andaluz de Salud y primer investigado en el caso sobre irregularidades en los contratos del SAS en Cádiz por valor de 235 millones de euros, ha negado conocer anomalías en estos procedimientos.

Según fuentes jurídicas, en su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz que investiga estos contratos del SAS, González Mera ha rechazado contestar las preguntas de la jueza Rosa María García, de la Fiscalía y de la acusación popular, que ejerce Podemos Andalucía.

Sólo ha contestado a las preguntas de su abogado defensor, a quien ha explicado que no le consta que hubiera informes de actuación o comunicaciones especiales de la Intervención de la Junta de Andalucía alertando de irregularidades en la adjudicación de estos contratos, ni en el fraccionamiento de los mismos para evitar concursos públicos, ni en las prórrogas forzosas de otros porque se trataba de mantener servicios esenciales.

González Mera es director económico central de compras de Cádiz en el SAS desde enero de 2020. Antes fue subdirector del mismo departamento desde 2019 y entre 2014 y 2019 fue subdirector económico administrativo de los hospitales Puerta del Mar y San Carlos, ambos en la provincia.

Es el primer investigado en el sumario abierto en Cádiz a raíz de la denuncia que interpuso Podemos basándose en informes de la Junta que alertaron de “un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores”, adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el SAS en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén.

Estas adjudicaciones, según la denuncia, se hicieron “con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación a dedo”.

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