El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha alertado este miércoles de las graves consecuencias que genera la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial y la consecuente inoperatividad del máximo órgano de gobierno de los jueces, que impide la renovación y reposición de nuevos magistrados. En el orden Social y en el Mercantil, en los que los graduados sociales ejercen sus funciones como operadores jurídicos, esta situación de bloqueo es “alarmante en nuestra comunidad autónoma andaluza, con salas inoperativas en las que no pueden designarse jueces”, asegura el presidente del Consejo Andaluz, José Blas Fernández.

El representante de estos profesionales andaluces pone el foco en el Tribunal Supremo, en el que, solo en la sala de lo Social, se acumulan 6.000 asuntos pendientes de resolución, “lo que da una idea del efecto de la paralización actual en los distintos estratos de la justicia del Orden Social. Son casos que afectan a trabajadores y empresas, de cuya resolución dependen asuntos de índole laboral que afectan a personas que quedan en una situación precaria”.

En opinión de José Blas Fernández, “el órgano de gobierno de los jueces debe ser elegido por los jueces, y dilucidar sus cuestiones desde la independencia de uno de los tres pilares de una democracia, junto a los poderes ejecutivos y legislativo. Ahora, su cúpula es el resultado de un juego de trileros que está provocando un enorme daño, el desprestigio de un poder esencial y el bloqueo de nuestro sistema garantista, basado en el funcionamiento de la ley, a través de sus operadores”.

La incertidumbre actual “no tiene precedentes en España, mientras asistimos a un debate político partidista, en lugar de tratar a la Justicia con respeto, permitiendo su independencia para que los jueces y fiscales desarrollen su actividad sin ninguna presión por parte de nadie”.

“Las salas del TS acusan la falta de magistrados ante el bloqueo de nombramientos que están ocasionando consecuencias graves de todo orden. Cuando un poder como el judicial se paraliza, también se paraliza el país, también se paralizan las instituciones y, en resumen, el Estado de Derecho se queda sin ningún contenido”, agrega.

El Consejo Andaluz representa a más de 9.000 graduados sociales de las 8 provincias andaluzas, más Ceuta y Melilla.