"Yo ni conocía Pinar de Coig y hace poco fui; me dije: tengo un juicio, voy a verlo"

Hernán Díaz, ex alcalde de El Puerto, dijo ayer en el juicio en el que comparece como acusado de haber permitido y favorecido la construcción de viviendas ilegales en Pinar de Coig que tiene la "conciencia tranquila" y que pudo cometer "errores" pero que está "convencido" de que siempre ha actuado "en consecuencia con la legalidad". Su lejanía del delito que le atribuyen la Fiscalía y Ecologistas en Acción, su inocencia, la expresó el ex alcalde con una anécdota: "Fui allí en coche hace poco. Porque yo es que ni sabía dónde estaba Pinar de Coig. Pensé: voy a ir a un juicio y no lo conozco. Y me dije: voy a verlo".

La Fiscalía pide dos años de prisión por un delito continuado de prevaricación urbanística para Hernán Díaz y para Juan Carlos Rodríguez, su último concejal de Urbanismo. Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular, solicita cinco años de prisión para cada uno porque también los acusa de un delito contra el medio ambiente. El juicio comenzó ayer en el Juzgado de lo Penal número 4 de Cádiz.

Juan Carlos Rodríguez también se declaró inocente. Bien alejado del papel que le dan las acusaciones, el ex concejal aseguró ayer que fue él quien puso en marcha los expedientes por infracción urbanística en el Pinar de Coig en 2005. ¿Por qué no antes? Porque no disponía de personal suficiente para afrontar el problema creado en el municipio, no sólo en Pinar de Coig, con la construcción ilegal de viviendas, adujo.

La fiscal y el abogado de la acusación particular sostienen que los dos procesados no hicieron nada antes de 2005 (antes de que fuese denunciado lo que ocurría en Pinar de Coig) para impedir que fuese parcelado y urbanizado ese espacio protegido.

Tanto Hernán Díaz como Juan Carlos Rodríguez insistieron en que el Ayuntamiento actuó cuando tuvo medios e información y datos para hacerlo. Y ambos negaron haber dicho a los propietario de parcelas y constructores de viviendas ilegales en Pinar de Coig que iban a ser regularizadas o legalizadas, que sería modificado el plan de urbanismo.

La fiscal le recordó a Hernán Díaz que Pedro Alamillos, que fue concejal de Urbanismo antes que Juan Carlos Rodríguez, declaró en su día ante el juez que fue el alcalde quien dijo que se concediese luz a los vecinos de Pinar de Coig. "Alamillos no dijo la verdad", replicó Hernán Díaz. "Era él quien se reunía con los vecinos de Pinar de Coig y quien alentaba que se iba a regular el suelo. Y yo no lo sabía. El que dice a los vecinos que se va a cambiar ese suelo es Alamillos. Yo, en ningún momento", afirmó el ex alcalde de El Puerto.

El juicio fue suspendido ayer precisamente porque Alamillos, citado como testigo, no acudió. El ex concejal estuvo procesado en este asunto pero dejó de estarlo cuando se retiraron como acusación unos propietarios de viviendas. Ni la Fiscalía ni Ecologistas acusaron a Alamillos, que será citado para el próximo lunes, cuando continuará el juicio.

La versión de Hernán Díaz sobre su participación en el caso Pinar de Coig fue, pues, que él no se enteró de nada: que todo estaba en manos de sus concejales de Urbanismo (Pedro Alamillos primero y Juan Carlos Rodríguez después) y que él ni permitió construir ilegalmente ni lo favoreció. El ex alcalde aseguró que no conocía los documentos que firmaba su concejal de Urbanismo sobre Pinar de Coig, que se enteró de todo a posteriori y que él no hubiese autorizado que Sevillana facilitase energía eléctrica a las viviendas.

La fiscal y el abogado de la acusación particular mantuvieron un debate con Juan Carlos Rodríguez sobre si autorizó o no que Sevillana proporcionase luz a las viviendas cuando envió a esa empresa un escrito. Rodríguez sostuvo que él no autorizó ni ordenó dar luz en ese escrito que las acusaciones consideran una autorización: esto es, una prueba de que favoreció la ilegalidad en lugar de combatirla.

Rodríguez aseguró que con ese escrito lo que dice a Sevillana es que "disponga lo necesario" para que los vecinos tengan luz pero "sin menoscabo de la responsabilidad urbanística" en la que incurren o habían incurrido al levantar sus viviendas sin permiso en una zona especialmente protegida. ¿Por qué les facilitaba luz eléctrica?, le preguntaron. No era para legalizar nada sino para ayudar socialmente a solucionar un problema de salubridad e higiene, dijo. Y agregó: "Dígame que fui un sentimental, que demoré la respuesta legal urbanística, dígame lo que quiera; pero no actué de manera irresponsable".