La comisión para investigar la agresión en la residencia, sin avances dos meses después

El pasado mes de abril salió a la luz pública la denuncia de una presunta agresión sexual a una usuaria con alta dependencia en la residencia de mayores Virgen de la Caridad de Sanlúcar de Barrameda. La supuesta agresión, por parte de otro usuario de la residencia, sucedió el día 19 de febrero pero la familia de la víctima no fue notificada de este hecho hasta el 27 del mismo mes. Este caso salpicó al gobierno local tras la denuncia de los familiares que, en un comunicado, mostraron "su total y absoluta repulsa ante este tipo de situaciones y denunciar el irracional proceder del gobierno de la residencia, que ha guardado silencio ante la ausencia de protocolos que ordenaran otra actuación y ha obviado el sentido común ante la gravedad de los hechos que la usuaria estaba sufriendo".

En abril, el caso llegó al pleno, que aprobó de forma unánime, y a propuesta del PSOE, la creación de una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido y evaluar la gestión del centro, ante las acusaciones de la oposición al gobierno local de querer tapar el suceso. Más de dos meses después, el PP sigue achacando al equipo de gobierno, encabezado por la alcaldesa Carmen Álvarez (IU), de retrasar la puesta en marcha de la comisión de investigación.

Según la portavoz popular, el equipo de Gobierno, encabezado por la alcaldesa Carmen Álvarez (IU), “ha puesto trabas” para la puesta en marcha de la comisión. En el último Pleno, Álvarez solicitó a los grupos municipales que presenten propuestas de comparecientes antes de constituir formalmente el órgano investigador, una medida que el PP considera “arbitraria” y contraria al procedimiento habitual.

“El equipo de gobierno ya conoce los nombres de los concejales que integrarán la comisión”, señaló Pérez, quien también criticó la petición de aportar datos personales de trabajadores y trabajadoras del centro, algo que, según subrayó, vulneraría la normativa de protección de datos. La dirigente del PP cuestionó además la transparencia del gobierno local en relación con este asunto. “¿Qué quiere ocultar la alcaldesa?”, se preguntó, aludiendo también a la dimisión de la entonces delegada de Asuntos Sociales, Nuria Prado, tras conocerse los hechos.

Por su parte, el grupo popular ha anunciado que seguirá reclamando la constitución de la comisión “con la mayor celeridad posible”, al considerar que “tanto los trabajadores como los usuarios y sus familias merecen toda la atención por parte del Ayuntamiento”. Hasta el momento, el equipo de gobierno no ha ofrecido declaraciones sobre las acusaciones del PP.