Caso Gabriel, de Torre Alháquime: “Le han devuelto la pensión, pero ¡cuánto daño moral han hecho a estos grandes dependientes!”

A Gabriel Barroso, el gran dependiente de Torre Alháquime, con un 90% de discapacidad, le ha devuelto la Seguridad Social su pensión no contributiva tras 18 meses sin ella porque se le extinguió tras recuperar un producto financiero, que sus padres le habían contratado muchos años antes para garantizarle los cuidados y terapias que requiere durante las 24 horas del día.

Todo este tiempo, este vecino de Torre Alháquime ha tenido que hacer frente a los gastos de su supervivencia y cuidados, además de los medicamentos que necesita para poder vivir con dignidad, con un 40% de carga, puesto que la extinción de la pensión deshizo automáticamente estos parámetros. Durante todo este tiempo su familia ha luchado por visibilizar su caso y el de Delia, otra vecina del pueblo, que también ha recuperado su pensión tras dos años de espera.

Los hechos ocurrieron porque la familia de Gabriel le contrató hace más de 20 años un producto financiero para asegurarle que no le faltaran los cuidados. Gabriel, como titular de ese producto, pagó a Hacienda su correspondiente liquidación, de unos 6.000 euros, cuando rescató hace varios años esta especie de seguro. Tras ello, se le extinguió la pensión por un tiempo porque superaba la baremación que tenía asignada para ella y se le hacía devolver, por todo ello, unos 2.002 euros por cobros indebidos tras el rescate de este dinero. Este caso llegó hasta el Senado, que dio luz verde e instó a la Seguridad Social a abrir la puerta para cambiar los umbrales en las baremaciones en caso de grandes dependientes que se encuentren con este tipo de situaciones.

“Le han devuelto la pensión, pero ¡cuánto daño moral han hecho a estos grandes dependientes!”, confiesa Pedro Barroso, el hermano de Gabriel y alcalde de Torre Alháquime, que ha llevado el caso de estas personas a las Cortes Generales (Congreso y Senado) y al Parlamento de Andalucía para que se modifiquen las leyes y no se penalicen a estos grandes dependientes, cuyos padres han adquirido productos de ahorros para garantizarles un mejor devenir cuando ellos falten. “A mi hermano se le extinguió la pensión por esto y devolvimos los cobros que nos reclamaban tras rescatar el producto. Tras pagar lo que le pedían, mi hermano no tenía que haber estado ni un minuto más sin su pensión, que era un derecho reconocido, ¿y me pregunto que si desde enero de 2024 a mayo de 2025, que ha estado sin pensión mi hermano, no ha tenido las mismas necesidades que ahora?, ¿cuánto daño moral han hecho a estas personas?”, confiesa Pedro Barroso.

Por eso, la familia de Gabriel, junto a la de otros grandes dependientes, busca un cambio en “una legislación obsoleta” que no tiene en cuenta a estas personas. “Hay que poner humanidad en la política. Estas leyes serán legales, pero son injustas para estas personas”, añade el regidor. “Es indecente que quienes con su esfuerzo, trabajo y dedicación han depositado un fondo para el cuidado de un familiar dependiente, cuando hace uso de esa herramienta se le quiten sus derechos”, apostilla Barroso.

Pedro Barroso subraya que esta lucha no ha terminado: “El primer paso está conseguido, que Delia y Gabriel hayan recuperado sus pensiones, pero ahora hay que ir más allá y garantizar que ninguna familia pase más por este amargo trago”.