El empresario mallorquín Esteban Riera Marsá fue durante varios años un bañista más de El Palmar hasta que decidió que aquél era el destino idóneo para expandir su negocio hotelero más allá de las islas. Corría 2001, momento en el que los pueblos de la Costa de la Luz participaban en una carrera de desarrollos urbanísticos sin tregua, cuando el grupo familiar y el Ayuntamiento de Vejer, con Antonio Verdú (PSOE) al frente, presentaron el plan para construir dos grandes hoteles junto al arroyo de Malcucaña.

El Consistorio, esgrimiendo ingentes previsiones de generación de riqueza y empleo, aprobó en Pleno la modificación del planeamiento local para reclasificar una parcela de 30 hectáreas junto al poblado vejeriego, donde proliferaban centenares de viviendas ilegales fuera de control.

La previsión era solventar la gestión administrativa del plan en dos años pero ese plazo se convirtió pronto en una utopía. Ayuntamiento y promotores chocaron con una compleja y ardua tramitación en las diversas delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía. Entre 2002 y 2007, el documento urbanístico sufrió una gran cantidad de modificaciones técnicas y de retrasos burocráticos ante la impaciencia de Riera Marsá. El hotelero, pese al continuo vencimiento de plazos fijados, mantenía contactos con touroperadores y aerolíneas para la comercialización de futuro negocio.

El plan parcial de Malcucaña no fue aprobado definitivamente hasta el 1 de junio de 2007. "Hemos atravesado un desierto y hoy es un día histórico para nosotros", señaló ese mismo día Esteban Riera Marsá. Su alegría era vana. Después de años de demora, el proyecto tenía vía libre justo en el albor de la crisis económica y financiera. El empresario emprendió negociaciones con hoteleros, fondos de inversión y sociedades de capital riesgo para afrontar la inversión de 88 millones de euros prevista en la costa vejeriega, pero no tuvo éxito.

El 6 de mayo de 2009, Esteban Riera Marsá confirmó en las páginas de Diario de Cádiz que abandonaba su plan, aunque nunca lo hizo de forma oficial en el Ayuntamiento, tal y como ha sostenido en repetidas ocasiones Antonio Verdú.

La sociedad que lideraba la construcción de los apartahoteles, Pinar Costa Atlántica, formada por un grupo de empresarios mallorquines con Riera Marsá al frente, incluso declaró un concurso de acreedores al no poder hacer frente a sus deudas.

Pero el relevo no tardó en llegar. A través de este concurso de acreedores, la promotora Chival Promociones Inmobiliarias, perteneciente al andaluz Grupo Tarje y liderada por el empresario Juan Leocadio Muñoz, y Caja Madrid, se hicieron con el proyecto en 2009.

A finales de noviembre, el Consistorio anunció que los nuevos propietarios habían depositado el aval requerido de 180.000 euros para iniciar el desarrollo urbanístico, y pocos días después, remitió a la Consejería de Ordenación del Territorio el planeamiento ya aprobado para su "depósito e inscripción", tal y como ha confirmado la Junta.

Durante los últimos meses, los promotores han trabajado en el desarrollo de un proyecto cuyas obras deben comenzar este año, aunque la crisis no invita a actuar con urgencia.

La información que apuntaba al reflotamiento del proyecto por parte de los nuevos promotores provocó la creación de la plataforma opositora en Facebook, que ha logrado un amplio respaldo en la red y ha consolidado una estructura organizativa pese a contar con escaso margen de maniobra.

En respuesta a una carta enviada de forma masiva a través de la plataforma, la Junta de Andalucía ha repasado la tramitación urbanística del plan y se ha limitado a señalar que "los distintos organismos velarán porque el desarrollo turístico previsto respete escrupulosamente la normativa vigente en materia de urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente, cumpliendo el acuerdo de la Comisión del Ordenación del Territorio".