La abogacía se opone a que graduados sociales accedan al turno de oficio

El Colegio de Abogados de Cádiz, a través de su decano Pascual Valiente, ha dejado patente su desacuerdo con la incorporación de los graduados sociales en la justicia gratuita.

En primer lugar, Pascual Valiente ha querido dejar claro que actualmente lo que hay sobre la mesa es una propuesta "no firme". "Lo único que existe es una previsión normativa de elaboración de un estudio, contenido en la disposición adicional undécima de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil".

En dicha disposición se prevé que el Consejo General de la Abogacía Española forme parte de esta comisión de estudios, en la que expresará el parecer "contrario" de la profesión respecto de la participación de los graduados sociales en el turno de oficio.

"En todo caso, en la citada norma no se contempla el acceso de los graduados sociales como algo definitivo, sino como una posibilidad, limitada además a la jurisdicción Social", insiste el decano de Cádiz.

Además, Valiente asegura que en este hipotético acceso de los graduados a la justicia gratuita "no se contempla que puedan asumir el ejercicio del derecho de defensa, que ejercemos de manera exclusiva los abogados, sino sólo la representación técnica".

El decano del colegio gaditano se muestra tajante: "Los abogados somos los únicos profesionales que tenemos una formación general del Derecho como juristas frente al resto de profesionales, por lo que, a diferencia de estos, podemos intervenir en todas las áreas del Derecho y en todos los procedimientos". En este sentido, "consideramos innecesaria y no conveniente la posible intervención de estos otros profesionales, que carecen de nuestra formación jurídica. Cada uno tiene su parcela".

Pascual Valiente ofrece un argumento más en contra del acceso de los graduados al turno de oficio. "La asistencia jurídica gratuita de los justiciables en todas las ramas del Derecho está perfectamente cubierta a través del servicio que prestamos los abogados"; una prestación "de calidad, organizada y gestionada desde los Colegios de Abogados desde hace decenas de años".

Finalmente, el representante de la abogacía gaditana ha querido aclarar que los graduados sociales sólo podrían intervenir, "en su caso", en el ámbito de la jurisdicción Social. "No es correcto sostener que intervendrán en la jurisdicción Mercantil, salvo la limitadísima posibilidad de representar a los trabajadores en los concursos, pero nada más. Para presentar cualquier demanda u oponerse a ella ante la jurisdicción Mercantil es necesaria la intervención de un abogado".

Esta postura colisiona de lleno con la de los propios graduados sociales, quienes expresaban a mediados de esta semana su satisfacción por el papel que les otorgaba la nueva ley. Así, José Blas Fernández, presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales, declaró que el colectivo al que representa había adquirido "el rango que se merece".

"Estamos de enhorabuena. No cabe duda de que todo el trabajo que hemos llevado a cabo con cautela y sigilosamente ha dado un resultado final. Las cámaras del Senado y el Congreso, el poder legislativo, reconocen que el graduado social es un profesional del Derecho y, al igual que otros, forma parte de todo el entramado judicial, con los mismos derechos en las parcelas que le son afectas", dijo José Blas.