Este jueves Pere Navarro daba por hecho que el peaje de las autovías se implantaría en 2024. Navarro aseguraba que la medida era una imposición de Bruselas. "Bruselas nos impone, nos exige, poner peajes; nos dice: el dinero que os estamos enviando no es para conservación y mantenimiento de carreteras, es para otras cosas, con lo cual tenéis que poner peajes como una exigencia si queréis recibir más dinero", alertaba.

Posteriormente, Navarro lamentó "profundamente" la "confusión" creada por sus palabras y recordó que su departamento no tiene ni información directa ni competencias atribuidas para pronunciarse sobre su implantación.

Fuentes de su división, por su parte, insistieron en que el máximo responsable de la DGT reclamaba en sus declaraciones una especie de consenso para que se pueda llegar a adoptar las medidas que se consideren más oportunas, como ha afirmado en otras ocasiones.

Por su parte, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, desmintió "categóricamente" que el Gobierno "esté pensando en imponer peajes por el uso de carreteras" tal como recogió EFE, y recordó que el Gobierno del PSOE ha liberado mil kilómetros de peajes de autopistas en España, lo que supone que cuatro de cada diez kilómetros han sido liberados de ese pago.

No obstante, el tema de la recuperación de los peajes para 2024 es un asunto del que se lleva hablando desde mayo de 2021, cuando el Gobierno central trasladó un documento a Bruselas donde planteaba inicialmente la imposición de peajes en la red de alta capacidad de titularidad estatal. 

En agosto de 2022 se dio a conocer que el Gobierno ya había iniciado los trámites para estudiar las distintas posibilidades encaminadas a introducir un nuevo sistema de peajes en todas las autovías del país a partir de 2024, tal y como se comprometió con Bruselas a cambio de recibir los fondos europeos valorados en 70.000 millones de euros en subvenciones. 

Según la documentación publicada en el portal de contrataciones, la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, había encargado a la consultora pública Ineco la elaboración de nueve informes para valorar un nuevo sistema de financiación de las carreteras.

El coste de estos servicios ascenderá a 1,4 millones de euros y el plazo establecido será de 10 meses. Se dijo incluso que Ineco ya había contratado los servicios de KPMG Abogados por 89.000 euros para realizar el servicio de asesoría y consultoría jurídica especializada en materia fiscal y tributaria en el ámbito de las carreteras, como parte de este contrato.

¿En qué autopistas y autovías de Cádiz quedarían afectadas?

Aunque Pere Navarro en sus declaraciones hablaba sólo de autovías, en el documento enviado a Bruselas en mayo se hacía referencia a peajes en la red de alta capacidad de titularidad estatal. En el caso de Cádiz, supondría el pago por circular por un total de 164 kilómetros, según el último catálogo de la Red de Carreteras del Estado publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y.

• 44 kilómetros de la antigua autopista de peaje AP-4
• 36,4 kilómetros de la A-48 entre Tres Caminos y su finalización en Vejer
• 24,5 kilómetros de la A-7S dentro de la provincia, situados entre Algeciras y Málaga
• 7 kilómetros de la CA-35, que comprende el Puente de la Constitución de 1812 y la autovía de enlace con la AP-4
• CA-33 entre San Fernando y Tres Caminos
• 2,3 kilómetros de la CA-36
• 2,5 kilómetros de la CA-32

¿Cuánto se pagaría en los peajes?

En septiembre de 2022 Pere Navarro, y ante las noticias de la vuelta al pago en algunas carreteras del país, trató de tranquilizar a millones de conductores indicando que el sistema se basaría en "tarifas asumibles" y que habría excepciones a la aplicación de esta obligatoriedad en el pago.

Los tres supuestos en los que los conductores quedarían excluidos de pagar peaje serían:

• Los recorridos para ir y volver del trabajo.
• Los recorridos para ir y volver del centro de estudios.
• Los recorridos que se deban a asuntos médicos.