Reclaman la nulidad por uso del SITEL en el caso de los 23 kilos de coca

Los abogados defensores de los nueve acusados de integrar un grupo que vendía y distribuía cocaína en Chiclana y otras poblaciones de la provincia gaditana reclamaron ayer en la Audiencia Provincial de Cádiz la nulidad de las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación con el sistema SITEL. Los letrados se apoyan en la opinión de dos magistrados del Tribunal Supremo que recientemente cuestionaron la legalidad del SITEL al pronunciarse sobre un asunto de tráfico de drogas de Barbate.

Los dos jueces sostienen que no está garantizado que el contenido de los discos que son aportados al procedimiento coincida con lo grabado en un disco duro durante las escuchas telefónicas, que no está establecido un método que permita saber con certeza que las conversaciones grabadas en los DVDs sean las recogidas en archivos de sonido "a los que el juez instructor no ha tenido acceso".

El juicio por el caso que capturó 23 kilos de cocaína en 2007 comenzó ayer en la Sección Primera de la Audiencia. Los abogados defensores plantearon una serie de cuestiones previas, entre ellas la de la petición de nulidad de las escuchas, y luego declararon algunos de los procesados. Sólo lo hicieron cuatro que aseguraron que no tienen nada que ver con el tráfico de drogas. Los otros cinco se acogieron a su derecho a no responder a las preguntas del fiscal. La vista oral continuará la próxima semana. La segunda sesión será el 3 de marzo.

El fiscal solicita penas de 11 años y 3 meses de prisión para cuatro procesados. Para los otros cinco, penas de cinco años. La operación policial comenzó a principios de 2007 y culminó a finales de octubre de ese año con la captura de 12,6 kilos de cocaína durante una entrega en Jerez y 10,5 kilos más de la misma sustancia durante un registro domiciliario realizado en en El Puerto, según relata el escrito de acusación.

El fiscal dice que la entrega de cocaína, desbaratada por agentes del Grupo I de la Udyco, se produjo en el aparcamiento de un centro comercial de Jerez el 25 de octubre de 2007. La Policía pudo seguir los movimientos de los procesados porque tenía intervenidos sus teléfonos móviles y captaba los mensajes.