El PSOE pide 9 años de prisión para Rodríguez de Castro y 6 para Osuna

La Audiencia Provincial de Cádiz ha desestimado los recursos presentados contra el auto que dio fin a la instrucción del caso Rilco y que imputó varios delitos a los exdelegados de la Zona Franca Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna, a dos exdirectivos de esa entidad y a los empresarios americanos Germán y Carmen Leyva. El procedimiento ha entrado en la fase de elaboración de los escritos de calificación o acusación provisional y el PSOE y la Tesorería General del Estado, que están personados en la causa, ya ha presentado los suyos.

El PSOE acusa a Rodríguez de Castro de prevaricación y otros delitos y solicita para él nueve años de prisión. A Osuna lo acusa de malversación de caudales públicos, fraude en subvenciones, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos. Pide para él seis años de cárcel.

La Fiscalía calcula que el próximo septiembre presentará su escrito de calificación. Las defensas aportarán los suyos y después el asunto pasará a la Audiencia Provincial para que señale la fecha del juicio. Ahora es más que difícil aventurar con un mínimo de fiabilidad cuándo se producirá ese momento en que los procesados se sientan en el banquillo ante un tribunal. El caso Rilco pertenece al grupo de causas judiciales que caminan de forma especialmente lenta.

Fue en agosto de 2005 cuando la Abogacía del Estado presentó una querella contra los exdelegados de la Zona Franca Rodríguez de Castro y Osuna, nombrados en su día por el PP, porque los consideraba responsables de diferentes delitos relacionados con la gestión del portal informático Rilco, entre ellos la apropiación indebida de unos cuatro millones de euros. No fue hasta el pasado verano cuando el magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz dictó el auto que dio por terminada la investigación judicial.

El portal Rilco estaba destinado a servir de puente comercial entre países de ambos lados del Atlántico. El juez instructor estima en su auto que hay indicios de que a finales de 2000, Rodríguez de Castro, consciente de las dificultades que tenía para seguir en su cargo, guiado por un ánimo de lucro, se concertó con el matrimonio Leyva, con el que mantenía vínculos comerciales, con el fin de detraer para su beneficio particular fondos públicos. Y que el plan consistió en adjudicar la creación y desarrollo del portal Rilco a MFZ Services Income, una empresa creada ad hoc por los Leyva.

La Zona Franca abonó por el portal 6,7 millones de euros. De ellos, MZF se llevó 4,2. A principios de marzo de 2001, Miguel Osuna sucedió a Rodríguez de Castro al frente de la Zona Franca, ambos nombrados por el Gobierno del PP.

El juez explica en su auto que hay indicios de que Osuna, pese a recibir información sospechosa de los Leyva y sin solicitar información complementaria al personal especializado en la materia, decidió abonar cantidades comprometidas con MZF.

La Fiscalía decidirá si, tal como consideran los escritos de calificación presentados por el PSOE y por la Abogacía del Estado, los hechos supuestamente cometidos por Osuna encajan con los delitos de malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones. El juez instructor apunta en su auto una calificación limitada a la omisión del deber de perseguir delitos o, en su caso, encubrimiento.

Pero esa apreciación que hace el juez no es vinculante para el fiscal ni para las acusaciones.