Juan Bouza se atuvo a "la más estricta legalidad" en los cursos de formación

El ex delegado provincial de Empleo de la Junta en Cádiz Juan Bouza, imputado en la causa de las ayudas a la formación, aseguró ayer que "nunca" tuvo motivos para desconfiar del procedimiento que ejecutaban los diferentes responsables técnicos a su cargo y garantizó que "las actuaciones que se hicieron correspondieron con la legalidad más estricta".

Así se pronunció durante su intervención ante la comisión de investigación, en la que también están citados esta semana otros seis ex delegados provinciales de Empleo. Todos ellos fueron detenidos en marzo de 2015 por efectivos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación Barrado, y están siendo investigados por el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla.

Bouza, que sí accedió a responder a casi todas las preguntas de los miembros de la comisión, a excepción de las que consideró "inmersas en casos judiciales", con el ánimo de "esclarecer la compleja gestión de las políticas de formación y que sirva para mejorarlas en el conjunto de la comunidad en beneficio para todos". Señaló en tono jocoso que, incluso, la Delegación Provincial de Empleo en Cádiz no era "muy popular" por "su excesivo rigor a la hora de examinar los cursos".

"El procedimiento administrativo necesitaba del trabajo de cada uno de los elementos para que pudiera salir adelante", advirtió Bouza, quien garantizó que "cada uno cumplía fielmente con las obligaciones de su puesto". Así, en su comparecencia que se alargó durante tres horas, insistió en que él, que estuvo como delegado de Empleo en Cádiz desde mayo de 2004 a julio de 2012, "no podía dar directrices ajenas al procedimiento ni los funcionarios podían condicionar su trabajo por incumplimiento del procedimiento".

Bouza, que estuvo acompañado por su letrado, también llamó la atención sobre la "insuficiente" relación de puestos de trabajo de la Delegación de Empleo pero "esto nunca hizo que se dejara ejecutar las funciones encomendadas", aunque sí era "fuente de problemas y sobrecarga". No obstante, el compareciente, que pidió que "no se realice en el seno de esta comisión una profecía autocumplida" porque sería "injusto", trasladó todo su reconocimiento a los trabajadores adscritos en este servicio e hizo hincapié en que "el trabajo realizado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en materia de formación ha sido óptimo con el respeto a la Ley de subvenciones".

Preguntado por la diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero sobre las subvenciones de formación concedidas ante la situación de Delphi, Bouza detalló que el caso de Delphi "era un plan de empleo y no de formación" y, por tanto, no forma parte de esta comisión de investigación. Tras remitir a la hemeroteca para conocer el plan de empleo de Delphi y negar que haya intervenido en las subvenciones "a dedo" (según Ruiz Sillero) al exconsejero de Hacienda y empresario Ángel Ojeda para Delphi, Bouza recordó que "todas las administraciones arrimaron el hombro ante la delicadísima situación" de Delphi.

De igual manera, explicó que consideraron "una posibilidad muy buena" poder arrendar el 30% de las instalaciones del Centro de Formación de Técnicas Industriales (CTI) a Ojeda por 15.000 euros, según la cifra precisada por Ruiz Sillero, para que se pudieran comenzar a impartir los cursos.

Preguntado sobre cómo le concedieron subvenciones a Ojeda sin tener sitio donde impartir los cursos, Bouza insistió en que él no era el concedente de dicha subvención y Ruiz Sillero calificó como "pelotazo" la situación, ya que el CTI suponía 4.500 euros al mes y arrendaban un 30% por 15.000 euros. En este punto, el compareciente, que criticó la "ligereza" con que la diputada popular calificó esto, recordó que estos ingresos "redundaban en beneficio del propio CTI", pero no accedió a contestar cuando la diputada popular le advirtió de que "se estaban inflando las facturas en formación".

También en relación a subvenciones de formación del CTI subcontratadas a la Fundación Andaluza de Fondo de Formación y Empleo (Faffe), Bouza aclaró que "la subcontratación no está prohibida" y ha detallado que "hay un informe de la intervención y de la Cámara de Cuentas que pone exactamente que, si bien, no existe autorización expresa, sí la hay tácita, ya que en la misma solicitud de subvención del CTI se señala que esta formación iba a estar subcontratada".