Izquierda Unida, la artífice de la denuncia de la demolición de la Casa de las Cadenas que terminó deparando la imputación del ex alcalde de El Puerto, Hernán Díaz, así como también del exedil de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, y del aún hoy jefe de Licencias del Ayuntamiento de El Puerto, Fernando Jiménez Fornell, solicita penas mucho más duras que las que ha reclamado la Fiscalía. La coalición ejerce la acción popular en la causa que se sigue en el Juzgado 3 de El Puerto, cuyo titular, Miguel Ángel López Marchena, hace ya cerca de dos años que dictó un auto de imputación contra los tres, al considerar que existen indicios de que conculcaron la Ley con el propósito de permitir la demolición de la parte trasera del edifico histórico para dejar construir a la empresa Rufino Naves en el solar con fines especulativos.

En su escrito de calificación, que fue presentado hace ya casi un año y al que he tenido acceso este diario, IU acusa al ex regidor, al exedil y el funcionario municipal de exactamente los dos mismos delitos que la Fiscalía, prevaricación y desobediencia, si bien en el primer caso aplica un artículo distinto del Código Penal que entraña también cárcel.

El Ministerio público considera a los tres autores de un delito de prevaricación del artículo 404, , castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años, pidiéndoles ocho años a cada uno. La acusación popular, por su parte, califica los hechos de prevaricación pero la encuadrable en el artículo 322, que parece en este caso venir como anillo al dedo a lo ocurrido. Y es que en su redacción se recoge que "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con la pena establecida en el artículo 404 con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses".

Y desde luego, la totalidad del edificio de la Casa de las Cadenas no podía contar con mayor protección. Tanto es así que la Junta de Andalucía acabó imponiendo la máxima sanción contemplada, 150.000 euros, tanto al Ayuntamiento como a la empresa que perpetró el derribo, en el verano de 2004. De ahí que IU pida para Díaz, Rodríguez y Fornell un año y seis meses de prisión, junto a nueve años de inhabilitación para cargo o empleo público. En el caso del delito de desobediencia (por no atender a los requerimientos que realizó Cultura para que se paralizaran las obras), también la coalición eleva la multa y la pena de inhabilitación: en vez de un año como pide Fiscalía, un año y seis meses.

Otra diferencia llamativa con la calificación fiscal es que la coalición sí acusa al entonces arqueólogo y director del Museo Municipal, Francisco Giles Pacheco, para quien el Ministerio público ha pedido el sobreseimiento, al sostener que su participación no ha quedado acreditada. IU considera que Giles, que firmó un informe a favor de permitir las obras en la parte trasera, por mal estado (alegando que era independiente de la parte delantera, y que era esta última la que tenía la protección por su valor histórico artístico), también cometió prevaricación, reclamando para el arqueólogo un año y seis meses de prisión.

Por último, para los dos responsables de la empresa imputados, Rufino Naves Llaneza y Juan Ignacio Naves Arambarri, la coalición también propone penas mayores, al acusarles no sólo de delito contra el patrimonio, como el fiscal (que les pide dos años de prisión), sino también de desobediencia. Y pide para ambos dos años y diez meses de prisión, e inhabilitación especial de cuatro años para el ejercicio de la construcción inmobiliaria.