Incertidumbre en la procura

El pasado 2 de agosto se aprobó en Consejo de Ministros el Anteproyecto de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales que, entre otras cuestiones, reforma la hasta ahora incompatibilidad del ejercicio de las profesiones de abogados y procuradores eliminándola, aunque con ciertos matices. Esta posibilidad ha encendido la luz de alarma en los Colegios de Procuradores que ven con recelo el documento y no comprenden las razones para llevar a cabo la reforma.

El decano del Colegio de Procuradores de Cádiz, José Eduardo Sánchez, cree que esta medida, en caso de aprobarse así, tendría efectos muy perniciosos para el ciudadano, para la justicia y para su profesión. "Los abogados son más numerosos e irían comiendo terreno a los procuradores", según el decano, al que le parece "un dislate" este anteproyecto presentado por el Ministerio de Economía. Además, va en contra de lo que promulga el Ministerio de Justicia, explica, puesto que en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil presentada el pasado mes de mayo mantiene la incompatibilidad de ejercicio de abogado y procurador, destaca la importancia de este último y refuerza su papel con las notificaciones en calle que suponen un ahorro anual de 186 millones de euros a la Administración de Justicia, según los cálculos facilitados por José Eduardo Sánchez.

La figura del procurador tiene una doble vertiente, explica el decano del Colegio de Procuradores de Jerez, José Ignacio Rodríguez-Piñero. Por una parte una función privada de representación del cliente y, por otra, una pública, imparcial, que se basa en la colaboración con la Administración de Justicia. Esto supone agilizar las notificaciones. En caso de que los abogados realicen estas labores se puede dar un conflicto de intereses, según José Eduardo Sánchez, porque el abogado buscará siempre el interés de su cliente, funcionando de este modo de una manera parcial en el proceso, en el que podría provocar dilaciones si le son beneficiosas.

José Ignacio Rodríguez-Piñero considera que habría un menoscabo por una y otra parte, puesto que un abogado no puede hacerse cargo de todo. El decano del Colegio de Cádiz opina de un modo similar, afirmando que, si sale adelante, "se hará y se hará mal, redundando en la lentitud de la justicia". La decana del Colegio de Procuradores de Córdoba, María del Sol Capdevila repite prácticamente la misma argumentación, basándose en un informe del Consejo General de Procuradores que refleja que, en las jurisdicciones en las que no es obligatoria la figura del procurador, la Justicia es más lenta. Los decanos se muestran de acuerdo también en destacar la labor de especialización de su profesión, con un conocimiento de la complicada legislación procesal, defendiendo que su cometido no se limita a la simple notificación. "No creo que un abogado se haga cargo de todo", manifiesta Capdevila. Coinciden también en que la herida en la profesión podría abrirse a medida que pase el tiempo. Sánchez llega a vaticinar la posible desaparición de la procura o su arrinconamiento a un papel marginal, mientras Rodríguez-Piñero ofrece datos sobre las repercusiones en el sector: 50.000 empleos entre directos e indirectos en los despachos de procuradores de España se verían afectados. Puede haber una reconversión de la profesión como parte del despacho de abogados. Incluso, por hacer vaticinios, describe un efecto perverso con grandes despachos imponiendo sus condiciones y ejerciendo monopolio con posibles franquicias. Pero, como reconocen, son solo elucubraciones.

El Ministerio de Economía presentó el anteproyecto con el fin de mejorar la productividad, competencia y asignación eficiente de recursos, según recoge el documento, que menciona recomendaciones europeas. "No sabemos bien por qué se ha hecho. Lo de la recomendación es una falacia que se han inventado", sentencia Rodríguez-Piñero. De hecho, Sánchez explica que los costes serían mayores, tanto para la Administración de Justicia como para el ciudadano, puesto que desaparecen los aranceles que funcionan con precios públicos. Se acabaría con la seguridad del ciudadano, debido a que ahora un procurador puede informar al cliente de cuánto le cuesta pleitear. Sin aranceles el precio es libre y la minuta de un abogado dista de los costes de un procurador. El abogado cobraría por las dos cosas, por la defensa y por la representación, adelantan los decanos.

El Anteproyecto se encuentra en fase de informes, deberá pasar nuevamente por Consejo de Ministros y, finalmente, la tramitación parlamentaria. Aunque son varios los pasos que quedan aún para perfilar el documento, algunos procuradores muestran su temor porque la mayoría absoluta del Gobierno evite la búsqueda de acuerdos y se apruebe tal cual. El decano del Colegio de Cádiz plantea que habrá movilizaciones si no se producen cambios en el documento, incluso se pregunta qué pasaría si se cerraran los colegios de procuradores. Sánchez considera que podría hablarse también de responsabilidad patrimonial del Estado como motivo de reclamación puesto que el proyecto podría dejar sin ingresos a todo un colectivo.