Hernán Díaz dice en el juicio que "no sabía que era la Casa de las Cadenas"

El Juzgado de lo Penal número 2 de Cádiz acogió ayer la primera de las sesiones del juicio por el derribo de la parte trasera de la Casa de las Cadenas, en El Puerto, un histórico edificio de Cargadores a Indias. La vista se celebra casi nueve años después de que sucedieran los hechos, ya que el derribo de la trasera de la finca -segregada registralmente de la casa matriz desde 1993- se remonta al mes de septiembre de 2004. Ayer comparecían como acusados el ex-alcalde de El Puerto, Hernán Díaz Cortés, el que fuera su concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, el jefe del servicio municipal de Licencias, Fernando Jiménez Fornell, los empresarios Rufino Naves Llaneza y Juan Ignacio Naves Arambarri y el ex-arqueólogo municipal Francisco Giles, este último a requerimiento de la acusación particular que ejerce Izquierda Unida.

El primero en ser interrogado fue Hernán Díaz, quien a preguntas de la fiscal aseguró que firmó el decreto de demolición porque venía avalado por el preceptivo informe técnico y otro del concejal de Urbanismo. "No sabía que se trataba de la parte trasera de la Casa de las Cadenas" -aseguró- para abundar en que en la carpeta que se le presentó a la firma se hablaba únicamente de la finca como Bajamar, 20, aludiéndose además al estado de ruina del edificio. "Yo no me metía en las tripas de los expedientes", dijo para justificar su visto bueno al documento sin más indagaciones, al preguntarle la fiscal si no leía los documentos que firmaba. "Yo no era técnico, sino político, y el jefe de Disciplina Urbanística me dijo que había ruina inminente", aclaró. Díaz también basó en un informe de Jiménez Fornell la decisión de no paralizar la actuación, tal y como solicitaba la Delegación Provincial de Cultura, al decirle el técnico que era la propia Delegación la que debía actuar si quería parar la obra.

Sí reconoció el ex-alcalde que al ver el movimiento social provocado por el derribo pidió explicaciones a Jiménez Fornell, quien le aseguró que se trataba de fincas distintas, la Casa de las Cadenas y Bajamar, 20, insistiendo en que se trataba de fincas segregadas. También recordó Díaz que la Junta declaró Bien de Interés Cultural (BIC) la Casa de las Cadenas con posterioridad al derribo, sin incluir la finca de Bajamar, 20.

En la diferenciación de ambas fincas se basó también prácticamente toda la declaración de Fernando Jiménez Fornell, quien declaró durante algo más de una hora. El arquitecto municipal insistió en restar valor patrimonial a la finca demolida, ya que como dijo "la mayoría de los forjados estaban en el suelo y quedaban en pie tres paredes". También defendió la actuación de urgencia a través del artículo 159 de la LOUA, para inmuebles que presentan estado de ruina, y defendió que este artículo se ha utilizado en El Puerto en muchas otras ocasiones y en algunos casos incluso han sido los Bomberos los que han tirado la casa porque había peligro. "La seguridad está ante todo", dijo. También aseguró Fornell que el derribo de Bajamar 20 ayudó a una mejor conservación de la Casa de las Cadenas, ya que el inmueble se podía haber visto afectado por la ruina de la finca derribada. En cuanto a la actuación de la Consejería, Fornell dijo que "la Junta no paró la obra porque no quiso". También aseguró que está convencido de que hizo "lo correcto", ya que además en la finca demolida pernoctaban toxicómanos y los muros "podían haber caído incluso hacia la calle", dijo.

Juan Carlos Rodríguez, por su parte, también basó su actuación en el informe técnico de Jiménez Fornell y dijo desconocer los antecedentes del caso ya que entró como edil de Urbanismo en julio de 2003, poco más de un año antes de los hechos. "Yo desconocía que hubiera que informar a Cultura", dijo, asegurando que "nadie me lo advirtió".

Por parte de la propiedad de la finca demolida declararon Rufino Naves y su hijo Juan, que compraron la casa a José Pinto. Antes de su declaración Rufino Naves, de 80 años, dijo no entender qué hacía en el banquillo. "No sé qué pinto aquí con la edad que tengo. Llevo 18 años jubilado y en 50 años de profesión nunca he tenido un problema", aseguró. Los dos empresarios explicaron que adquirieron la casa para construir viviendas y que pidieron consejo a dos arquitectos que les asesoraron tramitar la propuesta a través del Ayuntamiento.

La vista se prolongó hasta las cinco de la tarde y contó con la intervención como testigo de la edil de IU Pepa Conde, entre otros.

La Fiscalía pide para los acusados distintas penas por prevaricación, desobediencia y delito contra el Patrimonio. La acusación particular pide para los ex-políticos y el técnico nueve años de inhabilitación y un año y seis meses de cárcel, además de distintas sanciones económicas.