Defensa pidió la suspensión de la licencia a Provigades

El Ministerio de Defensa solicitó en abril de 2002 al Ayuntamiento de San Fernando que suspendiese la licencia municipal de obras concedida por acuerdo de 8 de septiembre de 2000 a Provigades para construir 22 unifamiliares en la Población Naval de San Carlos. En un escrito que tuvo entrada en el Registro General del Ayuntamiento el 8 de abril de 2002, Defensa informó al alcalde y a la Gerencia Municipal de Urbanismo de que Provigades había desatendido las órdenes de paralización de las obras que estaba realizando en Zona de Seguridad Militar y que esa construcción incumplía el planeamiento urbanístico del municipio. Al tiempo, le indicaba que eso podía dar lugar a la suspensión cautelar de la licencia e incluso al inicio de un procedimiento de anulación de acuerdo con el Reglamento de Disciplina Urbanística.

El escrito de Defensa cuestiona las recientes afirmaciones sobre el caso Provigades del portavoz del Gobierno local de San Fernando, Francisco José Romero. El concejal aseguró el pasado jueves que Defensa nunca pidió al Ayuntamiento que paralizase la obra que levantó Provigades.

El caso Provigades se encuentra en estos momentos en la Audiencia Provincial de Cádiz. Allí, un tribunal de la Sección Cuarta está juzgando al administrador de Provigades, José Antonio García de Agustín, para quien el fiscal solicita seis años de prisión por estafa porque considera que engañó a los compradores de las viviendas al ocultarles que sobre ellas pesaba una orden de derribo de Defensa, que las casas habían sido construidas en Zona de Seguridad Militar y que él mantenía con el ministerio un pleito que aún no estaba resuelto. La acusación particular, ejercida por varios compradores, reclama nueve años de prisión.

El procesado alegó la semana pasada que actuó con todos los permisos del Ayuntamiento. Y Francisco José Romero explicó el pasado jueves que el Ayuntamiento, cuyo alcalde en 2002 era Antonio Moreno y cuyo delegado de Urbanismo era Fernando Rodríguez, actuó correctamente en este asunto.

En realidad, el Ayuntamiento desoyó a Defensa, no suspendió la licencia ni puso traba alguna a las viviendas. Por el contrario, en agosto de 2002, sabiendo que para construir en esos terrenos era preceptiva, además de la correspondiente licencia municipal, la autorización de Defensa, dio un paso más y concedió a Provigades la licencia de primera ocupación, lo que permitió a la constructora vender y escriturar las 22 viviendas. Al poco de adquirir las viviendas, los compradores recibieron una carta de Defensa en la que el ministerio les comunicaba que sus casas iban a ser demolidas porque habían sido construidas sin permiso.

Todos los compradores han declarado ya como testigos en el juicio al administrador de Provigades y todos han coincidido en asegurar que éste no les dijo absolutamente nada acerca del pleito que mantenía con Defensa ni del peligro de demolición que pesaba sobre las viviendas. También en que no hubiesen comprado si llegan a saber lo que ocurría.

El juicio continuará mañana con los alegatos finales del fiscal, la acusación y la defensa.