El apresurado fin de la Renta de Ciudadanía, un polémico subsidio a familias de bajos ingresos que la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, prometió eliminar en cuanto llegara al Gobierno, ha enfurecido a los sindicatos y a la oposición, que acusan al Ejecutivo de librar "una batalla contra los pobres".

La polémica por la suspensión de la renta, anunciada a 169.000 familias -consideradas en riesgo de exclusión- a través de un mensaje de texto, ha obligado a la ministra de Trabajo, Marina Calderone, a explicar este jueves en el Senado el procedimiento y las motivaciones de la decisión.

"No renunciamos a entender el trabajo como un verdadero remedio a la pobreza", ha justificado entre los gestos de desaprobación de otros senadores. La ministra ha defendido que todos aquellos que dejen de recibir la renta y estén en condiciones de trabajar podrán acceder a una plataforma con "servicios de orientación, ofertas de trabajo y programas formativos" para insertarlos en el mercado laboral.

Ataques de otros partidos

Sin embargo, el Ejecutivo no ha concretado cómo y cuándo estarán disponibles esas alternativas y la notificación que han recibido los afectados tampoco detalla qué pasos deben seguir una vez que, el 1 de septiembre, dejen de percibir la ayuda, que ronda los 500-600 euros mensuales de media por familia.

"El gobierno ha optado por hacer la guerra a los pobres en lugar de hacer la guerra a la pobreza", ha criticado en la Cámara de Representantes la líder de la oposición y del Partido Demócrata (PD), Elly Schlein. La política ha opinado que hay un gran "cinismo y brutalidad" en la manera en la que el Gobierno comunicó el final del subsidio.

Más allá fue el ex primer ministro Giuseppe Conte (2018-2021), líder del Movimiento 5 Estrellas y principal impulsor de la ayuda hace cuatro años, quien ha acusado a Meloni y los suyos de "provocar un desastre social" al interrumpir "de la noche a la mañana" el apoyo económico que reciben "los sectores de la población más necesitados".

Sin embargo, para la coalición gobernante el fin de esa renta supone cumplir una de las grandes promesas electorales y atajar una iniciativa que consideran "ineficaz" para combatir la pobreza y tampoco ha promovido la inserción laboral.