Página web de La Moncloa. Referencia del Consejo de Ministros. Capítulo de "medidas de reducción de gastos". Catorce apartados. Y en el décimo segundo se lee que entre las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno en su lucha contra el déficit público se encuentra la "eliminación de la financiación prevista en los Estatutos de Autonomía de Andalucía, Castilla y León, Baleares y Cataluña". De este anuncio no hubo explicaciones, ni la más mínima mención salvo la ya apuntada en la página web.

El primer Ejecutivo autonómico en valorar la medida fue el de Baleares, que dejaría de percibir 400 millones de euros anuales en concepto de inversiones estatutarias. La mecha se había encendido. Los gobiernos regionales afectados reaccionaron. El Ejecutivo central aún no había suprimido esa referencia. La confusión seguía en pie.

En Andalucía, antes de conocer ese paso atrás, o rectificación, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, expresó su "preocupación" por dicha eliminación. En declaraciones a Europa Press, Martínez Aguayo apuntó que "detrás de esto está la voluntad del Ejecutivo de incumplir el Estatuto de Autonomía y de incumplir los acuerdos de la Comisión bilateral". Asimismo, señaló que "ahí hay 1.500 millones de euros que se ha reconocido por parte del Estado que se adeuda a Andalucía, parte debido a la falta de inversión en 2008 y 2009 que Andalucía tiene derecho y que no va a dejar de defenderlo".

Asimismo, ha llamado la atención sobre el paquete de medidas que ha aprobado el Gobierno que "hacen recaer el ajuste sobre las clases medias". En este sentido, ha explicado que la Junta se muestra de acuerdo en modificar la estructura de ingresos con carácter progresivo y, de hecho, Andalucía ha subido el IRPF para las rentas por encima de 80.000 euros, pero "el Ejecutivo en este momento va a subir el IRPF para todos los tramos y una cantidad muy alta", por lo que "esta medida recae en las clases trabajadoras".

De igual manera, Martínez Aguayo destacó la situación de los funcionarios que ven "aumentado su horario o reducido su salario" y mostró su deseo de que "los empleados públicos de Andalucía sepan valorar el esfuerzo que hace la Junta para no tomar medidas tan drásticas como está tomando el PP".

Posteriormente, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que dirige Cristóbal Montoro, hacía público un comunicado en el que aseguraba que en el acuerdo de no disponibilidad de gasto aprobado "no se ha modificado la financiación prevista en los Estatutos de Autonomía de ninguna Comunidad Autónoma". Agregaba que en el Consejo de Ministros ni en la rueda de prensa posterior se había hecho "referencia a una modificación de los términos previstos para la financiación territorial", aunque no mencionaba el anuncio hecho a través de la referencia. El anuncio desapareció poco después de la página oficial de La Moncloa, sin que se ofreciera más información al respecto.

Desde el PP-A, su secretario general, Antonio Sanz, dijo que Martínez Aguayo ha quedado "tajantemente desmentida" por el Gobierno central, al quedar claro que "no ha existido ningún tipo de modificación de la financiación prevista". Tras la supresión de esa referencia por parte del Ejecutivo, Sanz interpretó que queda demostrado que Martínez Aguayo "no se entera de nada" y "vuelve a mentir para buscar la confrontación política".

"El único que se ha saltado el Estatuto de autonomía de Andalucía ha sido Zapatero al incumplir la deuda histórica y la cláusula de garantías de inversión no ejecutada", recordó Sanz.