El juez del caso Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, ha pedido a varios organismos nacionales e internacionales, entre ellos la OTAN, datos sobre las incidencias en el tráfico aéreo por el bloqueo del aeropuerto de El Prat en Barcelona durante las protestas por la sentencia del procès en 2019.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional acuerda también ofrecer personarse como perjudicada a la familia del ciudadano francés fallecido de un infarto en el aeropuerto el día de las protestas.

Todos los datos que recabe de los organismos a los que se ha dirigido, los enviará después el juez, según él mismo anuncia, al Tribunal Supremo, al que ha pedido que asuma esta investigación por terrorismo por afectar a aforados como el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Con estas nuevas diligencias se trata, explica el juez, de profundizar en el impacto que estos hechos "pudieron tener en la aviación civil nacional e internacional, pues la acreditación de estos extremos resulta esencial para la calificación del hecho ocurrido en el aeropuerto de El Prat como acción terrorista".

En concreto, el juez se dirige a ENAIRE, entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes, a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA), a AENA, e incluso a la OTAN, "a través del Comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), para recabar las incidencias registradas en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón de Ardoz (CAOCT)".

El juez quiere saber, por ejemplo, si se tuvo que desviar algún vuelo o si los disturbios de El Prat afectaron al funcionamiento de aeropuertos nacionales e internacionales.

A la OTAN le pide además que si se hubiera registrado alguna incidencia "proceda a su desclasificación, en el caso que esté clasificada como secreta, para su incorporación al procedimiento penal".

También pide recabar del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) todas las incidencias en el aeropuerto ese día y los registros donde se contengan las circunstancias relativas a la muerte de un ciudadano francés por un paro cardíaco el 14 de octubre de 2019 y su traslado al hospital en helicóptero.

Sobre este fallecimiento, el magistrado cursa una Orden Europea de Investigación (OEI) a Francia para identificar a los familiares del fallecido y ofrecerles ejercer la acusación; e interrogar a su mujer, que le acompañaba ese día, para obtener "todos los datos" para "esclarecer en qué medida" los disturbios acaecidos en El Prat ese día "pudieron afectar al fatal desenlace".

Pide incluso a la Guardia Civil que haga "una comprobación pericial" sobre la distancia entre las terminales 1 y 2 del aeropuerto y el hospital de Belvitge, el tiempo que necesita una ambulancia desde en ese recorrido y "si resulta justificado el uso de un helicóptero".

Además se dirige a AENA para que informe de quién y por qué razón autorizó ese traslado en helicóptero.

El juez recuerda que la autopsia de este ciudadano apuntó a la "presencia de una enfermedad potencialmente letal y avanzada como para explicar la muerte, pero sin evidencia de una lesión estructuralmente letal" y a que el diagnóstico "está determinado tanto por los hallazgos patológicos como por el historial médico y de las circunstancias de la muerte". "Precisamente, esas circunstancias fueron el colapso del aeropuerto", incide.

Subraya, por tanto, que "no se puede minimizar" el impacto que éste hecho tuvo "en la vida e integridad física de las personas".

El auto del juez recoge un informe de los Mossos que señala que los manifestantes "también bloquearon el acceso por carretera a la torre de control del aeropuerto del Prat", a cargo de ENAIRE, y este bloqueo impedía que los controladores aéreos pudieran salir de las instalaciones, poniendo en riesgo su relevo, lo que pudo llevar al cierre del tránsito aéreo de no haber sido por la acción de los agentes.

Esto implica, según el magistrado, que los Mossos "eran conscientes del riesgo catastrófico que suponía en ese momento la acción de bloqueo de la torre de control de ENAIRE, y las consecuencias que tenía para el tráfico aéreo impedir el relevo de los controladores aéreos".

El juez sostiene que la mayor parte de esos 8.000 manifestantes que se llegaron a congregar en El Prat acudieron a la llamada de Tsunami Democrátic y destaca el "alto grado de violencia" que se llegó a producir con lanzamiento de varios objetos y pirotecnia, que causaron heridas a algunos agentes y unos desperfectos materiales valorados en más de 2 millones de euros.

El juez también quiere indagar en los efectos que pudo tener la celebración de diversos actos promovidos por Tsunami Democràtic en la jornada de reflexión de las generales del 10 de noviembre de 2019 y por eso pide a la Junta Electoral Central que informe sobre las actuaciones realizadas el día 9, y a la Guardia Civil para que reporte si en esos actos hubo "proclamas" políticas prohibidas por la ley electoral.

En los próximos días, el Supremo deberá decidir si asume esta investigación, que el juez dirige por terrorismo contra Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira; y otra decena de personas, con la oposición de la Fiscalía, que discrepa tanto de que sea terrorismo, como de que la haya enviado al alto tribunal.