El juez del caso Nóos, José Castro, ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que asuma la investigación que afecta al ex presidente autonómico Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al considerar que existen indicios de delito. En un auto hecho público este miércoles, el juez Castro entiende que hay indicios de que en los hechos de apariencia delictiva que se investigan en el caso Nóos han podido tener "decisiva e imputable intervención" tanto Camps como Barberá.

El titular del juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que investiga el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, recuerda en el auto que no es competente para encausar a Camps y Barberá por ser ambos aforados por su condición de diputados de las Cortes Valencianas. En concreto, Castro eleva al TSJ de Valencia una exposición razonada proponiendo que asuma la competencia para instruir y decidir acerca de los hechos relativos a tres cumbres Valencia Summit y al proyecto de los Juegos Europeos, por si se pudiera advertir alguna responsabilidad penal para dichas personas aforadas.

Castro propone que la narración de los hechos que realizó cuando impuso en enero una fianza de 8.189.448 euros a los dos principales imputados, Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres, sea reproducida y utilizada en lo que pueda afectar a los dos aforados, Camps y Barberá. El juez recuerda que en su resolución de enero ya hacía referencia a "indicios racionales de que en la ciudad de Valencia había tenido lugar una serie de hechos de apariencia delictiva". Además, el juez Castro señaló en su resolución de enero que en los convenios firmados por Nóos y las administraciones balear y valenciana figuran contratos amañados, facturas cruzadas y otras "transgresiones palmarias de la legalidad". Detalló que en esos convenios se prescindió "olímpicamente de tramitar absolutamente ningún concurso público ni negociado", se los vistió de "ropaje jurídico" y se justificó su concesión a Nóos "en exclusiva atención" a que al frente de la entidad estaba "el yerno del rey".

Del Valencia Summit se celebraron tres ediciones en la capital levantina en 2004, 2005 y 2006, que supusieron un coste para las arcas públicas de 3.132.000 euros, mediante convenios entre el Instituto Nóos, la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau. En cuanto a los Juegos Europeos, que no llegaron a celebrarse, el Ejecutivo valenciano pagó 382.203 euros al Instituto Nóos en diciembre de 2005, a través de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana.

Camps y Barberá han sido señalados por algunos encausados como los responsables últimos de las negociaciones que condujeron a la celebración en Valencia de los tres foros deportivos que la Fiscalía Anticorrupción considera que fueron una fuente de malversación de fondos públicos. En su última declaración ante el magistrado instructor el pasado febrero, Diego Torres declaró que Urdangarin y él se habían reunido con Camps y Barberá en 2004 en el Palacio de la Zarzuela para hablar sobre la celebración del primero de estos foros Valencia Summit.

Además, Torres entregó al juez un escrito la semana pasada en el que explicaba detalles de dicha reunión y aseguraba que, aunque no lo podía precisar con seguridad, la fecha más probable del encuentro era el 29 de enero de 2004. Por su parte, Urdangarin admitió ante el juez que esa reunión con el ex presidente y la alcaldesa se produjo, pero negó que fuera en Zarzuela. Urdangarin reconoció que los trabajos del Instituto Nóos para preparar la primera edición de la Valencia Summit comenzaron antes de que la entidad firmara el convenio con la Generalitat para organizar dicho evento. Admitió que el acuerdo para organizarla debió ser de forma verbal y con cierta antelación, ya que el convenio para organizar la cumbre se firmó el 8 de septiembre de 2004 y la Valencia Summit tuvo lugar el 24 de octubre, un margen "muy apretado".

Castro solicita a Hacienda que investigue a la infanta desde 2002

Por otra parte, el juez Castro ha precisado su solicitud a la Agencia Tributaria de que investigue por presunto delito fiscal a la infanta Cristina y ha puntualizado que sea desde 2002 hasta la actualidad. Castro ha detallado en un auto el plazo sobre el que pide a la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña que realice diligencias en relación a la infanta, en respuesta a una consulta al respecto que le había formulado Hacienda. Con esta aclaración, el juez indica el período de tiempo sobre el que está interesado que sean practicadas nuevas diligencias sobre la actividad de Aizoon, la empresa propiedad al 50% de la infanta Cristina y su marido, el uso de sus fondos, sus ingresos y sus liquidaciones fiscales, que solicitó al pasado viernes.

El juez reclamó también un informe sobre las cuentas corrientes en las que la infanta sea titular o apoderada y su patrimonio mueble, inmueble y financiero. El instructor del caso Nóos basó su petición del pasado viernes en el auto de la Audiencia de Palma que el pasado 7 de mayo dejó sin efecto la imputación de la hija menor del Rey pero expresó "recelos" sobre el informe de la Agencia Tributaria de Cataluña que descartaba que pudiera haber cometido delitos contra la Hacienda Pública como socia de Aizoon. Por ello, ordenó que se aclaren las objeciones de la Audiencia y que se practiquen "cuantas diligencias de investigación" sean precisas para "descartar de plano" que la infanta Cristina haya sido partícipe del delito fiscal que la Agencia Tributaria sí atribuye a Iñaki Urdangarin por sus declaraciones de la renta de 2007 y 2008.