LA historia se puede estar reescribiendo. El lunes veremos cómo encaja España el resultado catalán. Sotto voce, los independentistas, o algunos de ellos, los recién llegados al soberanismo, están trasladando a sus interlocutores en otros partidos que no buscan tanto la independencia exprés como una negociación con el Estado que llevaría a la convocatoria del referéndum de secesión o, en el peor de los casos, a un estatus diferenciado para Cataluña que sería tan ambicioso como los resultados de mañana lo permitan. Un mayoría absoluta en escaños, pero no en votos, que es el resultado probable si la participación no supera el 72%, colocaría el marco de un nuevo lienzo donde se pintaría otra España.

El 28 de febrero de 1980 se rompió el diseño originario con el que la Constitución iba a dibujar un mapa de España dividido entre "nacionalidades y regiones". Aunque el texto no las llama por sus nombres, una disposición adicional otorga a aquéllas que hubieran tenido un Estatuto en el pasado (en la Segunda República, se entendía) el privilegio de iniciar de modo inmediato su proceso autonómico por la vía rápida. Estaba claro; esa consideración y el reconocimiento de los derechos forales mostraban una España con tres comunidades -Cataluña, País Vasco y Galicia-, mientras el resto serían regiones que accederían a la autonomía por la vía lenta. O tendrían un gobierno autónomo sin Parlamento.

El referéndum del 28-F rompió el esquema, Andalucía se coló entre las tres históricas y abrió paso al resto. Esta uniformidad autonómica, el café para todos, ha sido el caballo de batalla de los nacionalistas catalanes desde los años ochenta, y es posible que las negociaciones que puedan abrirse a partir de mañana vayan en esa dirección: hacia la singularidad catalana, aceptada ya por casi todos, a excepción del pacto fiscal.

Mientras que el País Vasco goza de esta excepcionalidad en la gestión y la recaudación de todos los impuestos, Cataluña quedó incluida en el régimen común, y es esa falta de diferenciación lo que más molesta a los nacionalistas.

Cualquier resultado que mañana pase por una mayoría absoluta de las listas independentistas, suma de Junts pel Sí y la CUP, llevará a un intento de negociación con el Estado bajo la amenaza de la declaración de independencia. No es que las elecciones se hayan planteado así -los independentistas niegan la negociación si no es para la secesión-, pero es posible que Mas y los convergentes quieran abrir una línea de diálogo que lleve a un nuevo estatus para Cataluña. Es lo que sigue defendiendo Unió: reconocimiento de la singularidad cultural y lingüística, blindaje de la educación y el pacto fiscal. El temor que hay en el PSOE andaluz, que sostiene al Gobierno de Susana Díaz, es que esta negociación sea bien acogida por los poderes de Madrid, donde ya se han dado algunas muestras de aceptación.

Es curioso que haya sido el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, muy respaldado por Rajoy en el asunto catalán, quien haya expresado la necesidad de un pacto fiscal. El pasado 10 de septiembre, el Foro Nueva Economía dijo lo siguiente: "Después del 27 de septiembre habrá que hablar, (ya que el problema catalán) es un problema eterno, no termina nunca, pero vamos a hablar con buena voluntad, discutiendo lo que es posible y lo que no es posible". Y siguió: "Probablemente, el problema (catalán) pasa por una reforma constitucional y por un sistema de financiación diferente, pero para dialogar las dos partes deben quererlo". Para el ministro de Exteriores, el mejor sistema pasaría por una cesión de la gestión de todo el IRPF a las comunidades, algo muy parecido, dijo, "al concierto".

Realmente, este posicionamiento del ministro de Exteriores supone una rectificación en toda regla de las tesis del PP. Y es que fue precisamente el rechazo del presidente Mariano Rajoy al pacto fiscal lo que provocó la huida de Artur Mas hacia el independentismo. Margallo, sin embargo, no es un ministro cualquiera, es alguien que ha sido autorizado por Rajoy para mantener un cara a cara con el líder republicano Oriol Junquera en esta campaña.

La razón del rechazo del pacto, concierto o tratamiento diferenciado que se parezca al vasco no es otro que una Cataluña casi independiente en los fiscal, como es el País Vasco, llevaría al empobrecimiento del resto del país. Saquen los tributos de quienes aportan el 19% del PIB español y se quedarán con una España menos rica e insolidaria. Es cierto que Cataluña soporta la carga de la ausencia en el sistema general del País Vasco y Navarra, que gestionan y cobran todos sus impuestos y sólo pagan el llamado cupo al Estado. Algunos estudios de balanzas fiscales, realizados por Ángel de la Fuente, muestran que vascos y navarros tuvieron un superávit fiscal en algunos ejercicios; es decir, que España dio más de lo que recibió de estas dos comunidades ricas.

"La propuesta de Margallo sí que rompe España". Ésa fue la respuesta de la consejera de Hacienda, María Jesús Montero. Andalucía tiene un saldo fiscal positivo con España de 7.421 millones de euros, según las últimas balanzas fiscales publicadas. Representa el 5,24% del PIB. Y aún así, a pesar de estos fondos que llegan desde el resto de España y desde la Unión Europa, a Andalucía le faltan todos los años 2.170 millones de euros para sus servicios públicos. Son 2.170 millones de euros que no cubre el Fondo de Garantía de los servicios Públicos y que se debe compensar con el Fondo de Suficiencia, destinado para el resto de competencias.

Por explicarlo de otro modo: Andalucía tiene una de las presiones fiscales más altas del país y la que tiene uno de los menores índices de cobertura de su presupuesto; es decir, que no hay más opciones de financiación si el Estado español le rebaja sus transferencias, transferencias que disminuirían si Cataluña se va de la bolsa común. Frente a ello, Cataluña tiene un déficit fiscal de 8.455 millones de euros, debido a la mayor concentración de ciudadanos de renta alta en la comunidad, una cifra ampliamente superada por Madrid, con 16.723 millones, que es la región que más aporta a la solidaridad nacional.

Estas son las cifras, ni Andalucía ni España se pueden permitir la singularidad fiscal catalana, pero la asimetría suena, sí que suena. Hasta el inicio de la campaña, el PSC defendía esta singularidad económica y el PP catalán la retiró al cambiar a la líder Alicia Sánchez Camacho por García Albiol. Carme Chacón defendió un cupo para todos cuando compitió con Alfredo Pérez Rubalcaba por la secretaría general en Sevilla. El pacto fiscal, mayor o menor, siempre ha rondado por la mente de los socialistas catalanes.

Susana Díaz reconoce la singularidad catalana -como la de otras comunidades- y una reforma constitucional que recoja un trato diferente para la lengua o la cultura, pero que deje intacto el sistema de financiación; mejor dicho, que éste mejore, pero que sea el mismo para todos. Su consejera de Hacienda, María Jesús Montero, ha propuesto una fórmula de coste promedio de los servicios públicos, de tal modo que se garantice la igualdad de todos los ciudadanos en su acceso. Esto es un principio constitucional, aunque en España nunca se ha calculado el coste promedio. Este sistema partiría de una primera escala, en la que las comunidades recibirían fondos para cubrir sus necesidades básicas y, a partir de ahí, las más ricas podrían contar con más fondos si realmente ejercen un mayor esfuerzo fiscal.

Pero el PSOE andaluz no se fía de sus compañeros de Ferraz. Esto tiene más que ver con la rivalidad entre Susana Díaz y su secretario general que con las supuestas veleidades catalanistas de Pedro Sánchez. La Ejecutiva federal rechazó este verano el pacto fiscal, y éste no se incluye en el trabajo que vienen realizando un grupo de expertos escogidos por Pedro Sánchez para la propuesta constitucional.

En este grupo se encuentran la sevillana Amparo Rubiales y el catedrático granadino Gregorio Cámara. Lo que proponen estos expertos es que el sistema de financiación autonómico esté constitucionalizado y que garantice la suficiencia de los servicios, la igualdad entre ciudadanos y la cohesión territorial. No hay, por tanto, ni pacto fiscal ni asimetría económica. Lo que sí reconoce es la singularidad de los diferentes territorios de España, en consonancia con la llamada Declaración de Granada; de este modo, según apoyará Ferraz, Cataluña podría tener otro tratamiento pero sólo por lo que afecta a su lengua y a su cultura, que es en esencia la postura de Susana Díaz.

Pero la presidenta andaluza y su secretario general tienen otras diferencias, y algunas de éstas también van a comenzar a dirimirse mañana lunes. En teoría, un mal resultado del PSC no debería afectar al liderazgo de Pedro Sánchez, el partido de Iceta es distinto al PSOE, sus decisiones se toman en Barcelona, no en Ferraz, pero si los socialistas catalanes quedan en tercera o cuarta posición, por detrás de Ciudadanos o de Catalunya sí que es Pot, las opciones del secretario general se verían mermadas. En el plazo de dos meses, Sánchez se enfrentará a Rajoy en las generales, y es difícil que obtenga un buen resultado si Cataluña da definitivamente la espalda al PSC. Un fracaso del candidato socialista abriría, de nuevo, la posibilidad de un cambio en un congreso federal, y esta vez pocos creen que Susana Díaz se quedaría en la retaguardia, tal como hizo el verano de 2014.