El Área de Urbanismo del Ayuntamiento sigue inmersa en la redacción de una ordenanza municipal que permitirá la concesión de determinadas licencias a las viviendas ilegales. De hecho, el pasado jueves hubo una nueva reunión entre responsables de la Concejalía, grupos políticos de la oposición y representantes de los diseminados para continuar buscando un consenso en torno a un texto definitivo; sin embargo, no se ha alcanzado aún ya que no hay acuerdo en los límites que tendrá el futuro reglamento.

El debate gira en torno a la ordenanza que debe regular la figura urbanística de asimilación al régimen de fuera de ordenación. Bajo esta clasificación, según establece la normativa urbanística autonómica, pueden quedar aquellas edificaciones construidas al margen de la legalidad pero sobre las que ya no se puedan adoptar medidas disciplinarias ya que el delito ha prescrito. Los responsables políticos del Área de Urbanismo sostienen desde hace meses que, aunque se apruebe este articulado, no se podrán conceder licencias de primera ocupación (necesarias para la contratación de los suministros de luz y agua) a viviendas construidas en suelo no urbanizable. En cambio, las asociaciones que representan a los diseminados ilegales argumentan que sí pueden acceder a este tipo de autorizaciones una vez que el inmueble consiga la declaración de asimilado a fuera de ordenación. Y para argumentar esto recurren a ordenanzas aprobadas en algunos municipios de Andalucía en las que aseguran que se recoge esta posibilidad.

Ante esta divergencia, Urbanismo optó por solicitar una aclaración a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda sobre la normativa que regula la figura de asimilado a fuera de ordenación, el Reglamento de Disciplina Urbanística (que entró en vigor a finales del primer semestre del año pasado). La discrepancia, según explica uno de los implicados en la redacción de la ordenanza, deriva en un apartado concreto de su articulado, concretamente en el que señala que las licencias que se puedan conceder a los inmuebles con esta clasificación deben ser acordes con el planeamiento vigente. Ante esto, Urbanismo es de la opinión que una licencia de primera ocupación no se puede dar a una vivienda en suelo no urbanizable, afirmación que no comparte los representantes de las viviendas ilegales.

La solicitud de aclaración se remitió a la Junta de Andalucía en la primera quincena del pasado mes pero aún no se ha recibido respuesta. En un principio, se esperaba que en la reunión del pasado jueves se pudiera avanzar en la ordenanza al tener la opinión de la Junta, a la que se reclama que establezca sus límites ya que hay interpretaciones diversas sobre el nuevo reglamento urbanístico. Sin embargo, no ha habido respuesta, por el momento, del organismo autonómico por lo que en el encuentro de la pasada semana se acordó que el Área de Urbanismo volviera a analizar las ordenanzas que se están aprobando en otros municipios, tal y como reclaman las asociaciones que representan a los núcleos. Todas las partes han quedado emplazadas a una reunión que se celebrará dentro de tres semanas donde se analizarán las conclusiones a las que ha llegado el Área y se espera que para entonces haya un pronunciamiento de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

El Gobierno local sigue trabajando con la base del borrador de reglamento que quiso llevar a aprobación al Pleno celebrado a principios del pasado mes aunque finalmente desistió que se debatiera en aquella sesión alegando que se iba a tratar de buscar el máximo consenso posible en su redacción. En el texto planteado entonces se establecen distintos grados de acceso a las licencias en función de la clasificación del suelo donde se encuentre construido el inmueble. Así, por ejemplo, se podrían conceder autorizaciones de luz y agua a aquellas viviendas construidas en suelo urbano y sobre las que no se haya abierto algún tipo de expediente disciplinario. Bajo esta consideración sólo se encuentran actualmente los diseminados cuya regularización está prevista en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (las conocidas como 'Emas'). En cambio, se les podría sumar a estas aquellas que queden bajo la clasificación de suelo urbano una vez se apruebe el nuevo ordenamiento, siempre y cuando no tengan un expediente sancionador.

Pero esta base argumentativa podría variar en la dirección que pretenden las viviendas ilegales en el caso de que se encontrara, a juicio de Urbanismo, un respaldo jurídico suficiente a las concesiones de licencias de primera ocupación en suelo no urbanizable. Entidades como Coave aseguran que hay, incluso, sentencias judiciales avalando esta posibilidad y han advertido que un reglamento que no regule esta posibilidad no les sirve. Por lo tanto, aún queda mucho por debatir al respecto.