La libertad de enseñanza es un derecho recogido en la Constitución y la libre elección de centro es uno de los asuntos que con mayor frecuencia aparecen en el debate público. En el debate entre la enseñanza pública y la concertada, lo habitual es que aparezcan voces de entidades y particulares en defensa de la enseñanza concertada, al identificarse muchos padres con los valores religiosos que según su criterio se transmite en dichos centros. Sin embargo, es menos habitual en Andalucía que las reivindicaciones aparezcan en sentido contrario; es decir que los padres reclamen el derecho de sus hijos a recibir una enseñanza laica, en un centro sin ningún tipo de vinculación religiosa.

Eso es justamente lo que ha ocurrido en El Puerto de Santa María, donde lo que aparece como un caso aislado podría estar ocurriendo con más frecuencia de lo que parece. En esta ciudad, una familia decidió  cambiar de colegio a su hijo de 12 años, que estaba en un centro privado, y buscar un colegio público para proseguir sus estudios. Hicieron la solicitud en el mes de marzo pasado en el IES Juan Lara, ya que la familia reside por la zona, poco antes de la declaración del Estado de Alarma. El objetivo era que el alumno pudiera cursar 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en un centro 100% público. Pero después del confinamiento, al salir las listas de asignación de centros en el tablón de anuncios, "nuestra sorpresa fue que le habían adjudicado el colegio Luisa de Marillac, un centro concertado de ideario católico", explica el padre del alumno afectado, que había incluido entre las opciones otros cuatro colegios públicos y laicos, la opción educativa que prefiere la familia. No en vano, durante el tiempo que su hijo estuvo en el centro privado siempre eligió la asignatura alternativa a la religión. 

El padre del alumno considera que la decisión de la comisión territorial de garantías de admisión va en contra del artículo 16 de la Constitución, y considera que vulnera su derecho a la libertad religiosa, ya que el centro está vinculado a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, Siervas de los Pobres, una sociedad femenina de vida apostólica. "Vaya por delante mi absoluto respeto a las personas que elijan esa opción, pero en este caso han pasado por encima de mi libertad de elección. Yo puedo elegir ir a un colegio concertado, pero también puedo elegir no ir. Quiero que me respeten en mi opción de laicidad", reclama el padre. 

Por este motivo, el pasado 8 de de julio la familia del alumno afectado presentó un recurso de alzada ante la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, para que se revoque la resolución, "pero hasta el día de hoy sólo hemos tenido un silencio total, y con la incógnita y la incertidumbre de lo que pueda pasar en septiembre", cuando podría haber vacantes en centros públicos. Para el padre del alumno, la delegación de Educación les ha "impuesto el centro, no sabemos a partir de qué suposición, ya que el colegio pertenece a una red de centros religiosos; no tengo nada en contra del colegio, pero tenemos derecho a una plaza en un centro público", insiste el padre.

La familia afectada cuenta con el asesoramiento de un abogado y aseguran estar dispuestos "a llegar donde haga falta, ya que no hemos recibido respuesta. Aquí está en juego el derecho de las minorías, que está recogido en nuestra Constitución, de manera que nos ampara la ley", subraya el progenitor. 

Además de este caso, se estarían produciendo otras situaciones similares en El Puerto, aunque no existe constancia de que los interesados se hayan llegado a constituir en plataforma o coordinadora a nivel local para hacer más visible sus reivindicaciones.