Sin duda entre quienes más preocupados se encuentran por la sentencia de anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto se sitúan los cerca de 15.000 habitantes que residen en alguno de los 47 diseminados del término municipal.

Muchos de ellos se encuentran ya con sus trámites de legalización avanzados, en mayor o menor medida -los primeros proyectos de reparcelación comenzaron a aprobarse en 2015- y ahora es grande la incertidumbre que se cierne sobre estos vecinos.

Desde que se conoció la sentencia del TSJA, el pasado viernes, muchos de estos propietarios han estado preguntando a sus equipos redactores y al Ayuntamiento cómo afecta esta sentencia a sus procesos de regularización, aunque aún es pronto para saberlo.

Uno de los equipos que trabaja desde hace años en este proceso, BRB Arquitectura, tiene previsto convocar en los próximos días a los presidentes de las juntas de compensación para exponerles la perspectiva que se abre ahora para el proceso de regularización, aunque primero deberá ser el Ayuntamiento el que decida los pasos a seguir.

Lo primero será saber si el Ayuntamiento decide recurrir la sentencia, lo que le daría un margen de al menos dos años al plan actual, si se renuncia a dicho recurso -con lo cual en el plazo de un mes entraría de nuevo en vigor el PGOU de 1992, o si se arbitra algún tipo de medida transitoria para dotar de seguridad jurídica a estos vecinos, que en algunos casos o han desembolsado o van a tener que desembolsar grandes sumas de dinero para sumarse al proceso de regularización.

En la mayoría de los casos ha costado mucho trabajo convencer a los propietarios de la conveniencia de la regularización, un trabajo ya muy avanzado que podría sufrir un gran retroceso debido a esta sentencia.