La coalición Izquierda Unida (IU), a través de su concejal Julio Acale ha manifestado que "espera que se pueda llegar a una solución", en el conflicto entre los trabajadores de Ojelosa y la empresa, tras el dictamen emitido por la Junta de Andalucía, en el que se anula el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por el grupo empresarial en 2011. Julio Acale espera que la empresa "se siente a negociar con los trabajadores" y les "abone tanto los salarios pendientes (siete meses) anteriores a la presentación del ERE y los salarios de tramitación" que les corresponda, de acuerdo con el dictamen emitido por la Junta, en el que se rechaza dicho expediente. La Junta no ha autorizado el ERE extintivo, que afecta a 22 trabajadores, y que fue registrado en la delegación de Empleo por Ojelosa en octubre de 2011, alegando causas económicas. El concejal critica que desde la entrada en vigor de la nueva reforma laboral "se ha destruido empleo, debido a la facilidad que tienen las empresas para presentar EREs por motivos en muchos casos injustificados".

Añade que el ERE "se planteó antes de la última reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy, que causa indefensión a los trabajadores, ya que no tienen ninguna garantía administrativa". Finalmente, Acale ha felicitado a los trabajadores "por la lucha que han desarrollado durante los últimos meses y que ha dado sus frutos", y les anima "a continuar defendiendo sus puestos de trabajo".

En otro orden de cosas, IU presentará una moción a Pleno para que El Puerto sea declarado 'Municipio Libre de Desahucios'. De esta forma, propondrá que el Ayuntamiento se adhiera al convenio de colaboración del Programa Andaluz en defensa de la Vivienda, promovido por la Consejería de Vivienda de la Junta, y que Suvipuerto "ordene la paralización de todos los desahucios". El objetivo del convenio es establecer líneas de colaboración entre la Consejería y el Ayuntamiento "para ofrecer a los ciudadanos asesoramiento, intermediación y la protección adecuadas para prevenir que a consecuencia de la crisis económica puedan perder su residencia habitual". El acuerdo incluye asistencia municipal y actuaciones de realojo provisional para las personas afectadas.

IU basa su propuesta en la alarma social producida por los desahucios, una situación "que merece el compromiso real y la respuesta del Ayuntamiento; es urgente paralizar los desahucios y reconocer el derecho a una vivienda de las personas desahuciadas". Para IU, "el Ayuntamiento debe decidir si está del lado de los ciudadanos o de los culpables de la crisis", concluye.