La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ ha mantenido un encuentro con José Luis Bueno y Matilde Roselló, concejales de Izquierda Unida en el grupo Adelante El Puerto,  para abordar asuntos de calado para la ciudad.

El principal problema señalado por ambas partes es la falta de un presupuesto municipal actualizado a las necesidades de El Puerto, "consecuencia de la inacción del equipo de Gobierno, o la falta de redacción de un nuevo PGOU".

Además, se dio traslado de la situación que atraviesan colectivos sociales como Apadeni o La Gaviota, la de la guardería municipal y la de las  empresas municipales, especialmente la de Apemsa, empresa mixta en el que se cuenta con el 51% de las acciones.

La Flave escuchó con atención las dificultades que encuentra IU a la hora de acudir a las comisiones informativas, "con una total falta de información por parte del Gobierno municipal, cuando no es falta de conocimiento por parte del Gobierno, como ocurrió en la comisión informativa en la que se trató el contrato de Mantenimiento Urbano. En dicho encuentro se dio a conocer que el Gobierno local no se había enterado que el contrato tenía un reparo suspensivo por parte de Intervención, de ahí que la Federación entienda el plante de la oposición a no seguir aprobando modificaciones de crédito a un Gobierno que es incapaz de dialogar o consensuar con la oposición".

La Federación por su parte quiso transmitir a IU diversas herramientas para un correcto funcionamiento de los colectivos portuenses a la hora de optar a subvenciones, tales como una ordenanza de subvenciones municipal, en la que el proceso esté debidamente normalizado y exista unificación de criterios entre las diversas áreas municipales y en la que se apueste por concurrencia competitiva. También se les informó de la forma de fiscalización previa limitada que debe ser recogida en las bases reguladoras del futuro Presupuesto Municipal, donde el filtro no debe por qué estar en el Área Económica, sino en cada área competente convocadora de la subvención. Así, el Área Económica tendría un periodo de cuatro años para poder dar el visto bueno a dichas fiscalizaciones.

Por último, ambas partes repasaron el transcurso del Pleno municipal celebrado el miércoles y las actitudes de algunos miembros del equipo de Gobierno, "a quienes cabría recordar que todos los miembros del Pleno son representantes de un gran número de portuenses, y por tanto merecen un respeto y trato con educación", señalan.