Ecologistas en Acción ha expresado públicamente su indignación por el acuerdo adoptado el pasado jueves por el Pleno del Ayuntamiento de pedir a la Junta la modificación del Sistema General de Espacios Libres del Pinar de Coig para posibilitar la legalización de las viviendas ilegales que se han construido en este pinar protegido.

"Es inconcebible que tras años de polémica y habiendo quedado totalmente claro que estas viviendas son ilegales e ilegalizables, PSOE, IP, PP y PA se pongan de acuerdo para pedir la legalización de esta urbanización ilegal. Y más lo es que estos partidos nunca se pongan de acuerdo para defender temas de interés general, pero se ponen de acuerdo en un trámite de urgencia para apoyar a un grupo de constructores ilegales", dicen.

El colectivo cree que "los ciudadanos 'legales' tenemos derecho a que el Ayuntamiento nos escuche y defienda nuestros intereses en contra de los que han construido ilegalmente en bosques, en espacios naturales protegidos, en suelos destinados a equipamientos públicos, en vías pecuarias… el Ayuntamiento debe estar al lado de los que defendemos el interés general y la legalidad, y no de los que la vulneran con grave quebranto al interés público". Además, consideran los ecologistas que "en medio de una importante operación contra la corrupción urbanística, al PSOE, IP, PP y PA no se les ocurre otra cosa que apoyar en Pleno a los propietarios de unas viviendas ilegales construidas en base a uno de los casos más evidentes de corrupción urbanística, caso que fue denunciado hace seis años por Ecologistas en Acción, y que fue el primero de los múltiples casos de especulación y corrupción urbanística destapados por nuestra asociación. Todo un símbolo, que a pocos días del juicio contra los responsables de esta trama de urbanismo ilegal -acusados de delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio-, estos partidos políticos se decanten por apoyar a los que han permitido y fomentado estas ilegalidades, y no a los que las denunciaron", dicen.

Desde la entidad añaden que "estos partidos políticos saben perfectamente que es imposible legalizar estas viviendas en un bosque destinado a parque público. El anterior concejal de Urbanismo -en libertad bajo fianza por su implicación en la trama de corrupción urbanística-, solicitó todo tipo de informes para intentar justificar la legalización de esta urbanización, todos -el del secretario, el del servicio jurídico de Urbanismo, el del director del PGOU, el de la Consejería de Obras Públicas- fueron negativos; pero insisten una y otra vez en avalar una ilegalidad manifiesta. Nuestros concejales -con la honrosa excepción de IU- deben pensar que las decisiones políticas están por encima de las leyes y de las normas urbanísticas".

Ecologistas en Acción exige públicamente a estos partidos políticos, y en especial al alcalde, una rectificación de este acuerdo. "Contra la corrupción urbanística, tolerancia cero, ese es el mensaje que deben enviar nuestros políticos a la sociedad", concluyen.