En la mañana de este viernes se ha celebrado en el Ayuntamiento de El Puerto el primer pleno ordinario del curso político, con varios puntos destacables en el orden del día. El pleno contó con la ausencia de los ediles Carmen Lara, José Ignacio González Nieto (PP), así como Fito Carreto (Vox). 

Como es habitual, la sesión se inicio con un minuto de silencio por las víctimas de la violencia de género, contándose entre el público con representantes del comité y la plantilla de la empresa concesionaria de limpieza pública, FCC, así como del servicio de Ayuda a Domicilio, al abordarse cuestiones relacionadas con ambos servicios.  

Dentro de este primer pleno, la moción más debatida, por lo esperada y la ingente cantidad económica que supone, fue el compromiso de consignación o reserva de gastos para el nuevo servicio de limpieza viaria (recogida de residuos y limpieza viaria), que debe salir a licitación. Se trata del contrato más caro del Ayuntamiento, ya que actualmente asciende a 12'2 millones de euros al año y se va incrementar hasta 16'6 millones, más de 4 millones de euros anuales, con un plazo de concesión de 10 años, lo que supondrá un total de 170 millones de euros, es decir el equivalente a un año y medio de todo el presupuesto municipal.

Se trata de un paso decisivo para sacar a licitación pública el nuevo pliego de limpieza pública que se está elaborando.  

Aunque la ciudad lleva ya dos años con el contrato de limpieza pública (viaria y recogida de basuras) caducado y con una situación en sus calles y plazas que deja mucho que desear, los partidos de oposición mostraron sus reticencias ante esta consignación, por distintos motivos. Todos coincidieron en la falta de información por parte del equipo de gobierno.

Representantes de la plantilla de la concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basuras reclamaron la elaboración del pliego.

El concejal José Luis Bueno, del Grupo Mixto (IU), puso sobre la mesa la información de que disponen, entre ella un estudio de estructura de costes realizada por la propia empresa FCC, donde se prevé una bajada de los costes laborales en un 10% y además un informe de Intervención que advierte que este incremento de gastos de 4'4 millones de euros anuales habrá que compensarlo en el Presupuesto, por lo que mostró su temor de que al final repercuta en una subida del coste del servicio en los ciudadanos.

El concejal expresó que "es imposible que alguien pida a la oposición que apruebe esto a ciegas, ya que no tenemos información sobre el pliego y no hemos participado". 

El PSOE, por medio de Ángel M.ª González, afirmó también que "queremos conocer en qué línea va el pliego", y avisó sobre la advertencia de Intervención de que tiene que haber una planificación para igualar ingresos y gastos en el presupuesto tras ese incremento del coste del servicio. El PSOE se decantó por una abstención positiva, "porque la ciudadanía se merece el servicio y los trabajadores que se cumplan las demandas justas que viene reclamando".

Los socialistas subrayan que “lamentablemente no hemos podido votar a favor por la falta de información y el ocultismo que sigue practicando el gobierno de Germán Beardo”. Y han vuelto a reclamar participación en un tema tan importante como es el servicio de limpieza y su futuro pliego, "del que aún no se ha presentado ni siquiera el borrador".

Por su parte, Vox, a través de su concejal José Antonio Gomila, manifestó que esta subida de gastos acabará afectando al bolsillo de los portuenses, en alusión también a un incremento del precio que habrá que pagar en la factura de basura. 

El concejal Javier Botella, de Unión Portuense, indicó que lo que aprueba no es meramente un punto económico, sino que forma parte del procedimiento del nuevo pliego, que vendrá condicionado por la consignación de gastos, algo que rechazó la concejala de Economía del gobierno local, Marta Rodríguez (PP), que defendió el punto y quiso desligar ambas cosas. 

La concejala de Economía y Hacienda, Marta Rodríguez, fue la encargada de defender el punto.

Marta Rodríguez defendió que esta subida de costes se puede asumir debido a que se ha podido cancelar deuda financiera municipal por valor de 62 millones de euros y que además incluye el acuerdo laboral entre el comité y la actual concesionaria. Defendió igualmente que se trata estrictamente de un punto económico, desligándolo del pliego en sí y manifestando que la posibilidad de mejorar los medios técnicos y maquinaria de la futura concesionaria al aumentar la cuantía del contrato, "permitirá que la ciudad esté más limpia. Nos llama la atención la actitud de IU", sentenció por último la concejala, en alusión al tema de la plantilla.

Ante estas palabras, el portavoz de la coalición, José Luis Bueno, advirtió a los trabajadores de FCC presentes en el salón de plenos: "Mucho cuidado con los cantos de sirena de la derecha, porque cuando venga un problema no van a estar con vosotros, ellos primero piensan en sus intereses. La realidad es que en su estudio de estructura de costes, FCC baja la masa salaria un 10% y si hay que tocar algo en el servicio en los próximos años se tocará a los trabajadores y no a los beneficios de la empresa". Recordó además que IU “ha estado siempre del lado de la plantilla, tanto en el gobierno como en la oposición, defendiendo sus derechos y sus condiciones laborales”

Bueno insistió en que el informe de la Intervención municipal es demoledor: esta cuantía aprobada provocará “la asfixia económica del Ayuntamiento a corto plazo si no se toman medidas urgentes”. Entre las medidas que solicitan “está rebajar gastos, es decir, recortar en otras áreas municipales, o aumentar los ingresos a través de una subida de la tasa de basura”. Por ello “exigimos a Beardo que diga si va a subir dicha tasa de basura para hacer frente a estas nuevas cantidades”.

Por su parte Botella atribuyó la cancelación de la deuda financiera a la "falta absoluta de gestión" en la última legislatura y no a un logro del equipo de gobierno. Insistió en que si no hay información del pliego de condiciones que deberá cumplir la futura concesionaria del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria, "es imposible votarlo. El problema que hay en la ciudad es que llevamos dos años sin contrato", concluyó.

El portavoz del PSOE, Ángel Mª. Gonzáles, durante el pleno, en el que expresó su abstención positiva al tema.

El alcalde Germán Beardo cerró el torno de palabra indicando que el haber saneado el Ayuntamiento permite esta previsión de inversiones, y que en los próximos 10 años "se estabilizará a la plantilla y la empresa podrá amortizar la adquisición de nuevos medios para mejorar el servicio. Se mejora la capacidad de inversiones y por lo tanto se va a mejora el servicio", afirmó convencido, recalcando que "también se incorporará la negociación colectiva en el nuevo pliego".

Finalmente, el punto salió adelante con el voto a favor del equipo de gobierno, la abstención del PSOE y el voto en contra del Vox, Unión Portuense y el Grupo Mixto (IU)

También en la misma sesión fue aprobado el Reglamento del procedimiento para la declaración de la situación en riesgo de menores en la ciudad, con la abstención del PSOE y el voto en contra de IU, que leyó un comunicado de Apadeni, donde la asociación protectora de los derechos de la infancia expresa sus reticencias. 

Otro momento del pleno: José Antonio Gomila hablando con Javier Botella (derecha).

Por último, se aprobó con carácter definitivo, por unanimidad, aunque con la abstención del Grupo Mixto, la Ordenanza del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, al igual que los días festivos locales para el año 2024.

Finalmente, tan sólo Vox mostró en contra de establecer con carácter general la jornada de 35 horas semanales de los empleados a tiempo completo del Ayuntamiento. El partido entiende que para tomar esa medida primero habría que incrementar la plantilla y que en la situación actual "hay que regularizar primero la situación deficitaria de personal, ya que se perderán entre 6.000 y 7.000 horas al mes, lo que que va a provocar un déficit de servicio al portuense".

En la ordenanza se incluye la obligatoridad de establecer un sistema de control horario para los empleados del Ayuntamiento y la creación de una comisión de seguimiento para este fin. 

El portavoz del Grupo Mixto, José Luis Bueno (IU).