La problemática de las viviendas sin regularizar en Chiclana es el asunto urbanístico más relevante al que se enfrenta Chiclana ante la ausencia de servicios de los servicios básicos de agua potable y alcantarillado en miles de viviendas situadas en el denominado extrarradio o diseminado. Un asunto que lleva largos años pendientes y que ha sido y será motivo de controversia entre las formaciones políticas. En este sentido, las nueve candidaturas que se presentan a las elecciones municipales del 26 de mayo ofrecen su visión, sus argumentos y sus propuesta sobre esta materia.Las ordenanzas del PSOE

El PSOE de Chiclana señala que tras la aprobación en diciembre de 2016 de un nuevo Plan General, “también hemos llevado a cabo la aprobación de una ordenanza que permite dar servicios y regularizar las viviendas construidas sin licencias. De esta forma, ya hay varias entidades urbanísticas, entre ellas, Soto del Águila o calle Aspérula, que no solo se han interesado por el proceso de regularización, sino que han comenzado los trámites administrativos para la dotación de servicios básicos de luz, agua, alcantarillado y alumbrado público, así como para la urbanización de las calles y la legalización de las viviendas construidas sin licencia”.

De esta manera, los socialistas recuerdan que en la Ordenanza de Regularización de Viviendas, actualmente en vigor, los vecinos pueden acogerse a una urbanización primaria, que tiene un coste medio por vivienda de unos 9.500 euros, o bien a la suma de la urbanización primaria y secundaria sería de unos 25.500 euros de media, en función del tamaño de las parcelas y de su ubicación.

El PP y la reducción de los costes

El PP expresa que para que la regularización sea viable, “es preciso adaptar las leyes andaluzas a la realidad de Chiclana, para permitir una regularización más rápida, eficaz y barata. Por tanto, es esencial modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)”.

El PP destaca que en Chiclana “contamos con unas 15.000 viviendas irregulares o fuera de planeamiento, lo que significa que tenemos un problema social, porque aproximadamente la mitad de la población de nuestro municipio no cuenta con servicios básicos, como agua corriente y alcantarillado”.

Según los popualares, la regularización “es complicada, porque es muy cara. Para ello es fundamental cambiar la LOUA y recuperar el convenio de Sistemas Generales con la Junta de Andalucía, circunstancia que ayudaría a reducir los costes en un tercio aproximadamente. De tal forma, si en una zona como el Pago del Humo o la Rana Verde regularizar una vivienda puede costar a su propietario 30.000 ó 40.000 euros, con lo que proponemos podría bajase la inversión a unos 10.000 euros”.

IU señala a la contaminación de los acuíferos

Para Izquierda Unida la regularización de las viviendas es una prioridad en Chiclana. “Se ha convertido un problema preocupante desde el punto de vista medioambiental, sanitario y de derechos humanos. Es incomprensible que la mitad de la población de Chiclana no tenga acceso todavía al agua potable y que durante veinte años no se le haya dado una solución viable, realista y participada. Es responsabilidad de los gobiernos que han llevado las riendas del Ayuntamiento de Chiclana y de la Junta de Andalucía que a día de hoy los acuíferos de nuestro municipio estén contaminados o se encuentren destruidos y agotados”.

La formación izquierdista considera que los sucesivos gobiernos, tanto del PP como del PSOE, “han hecho gala de una absoluta falta de transparencia y lealtad con nuestros vecinos y vecinas respecto a esta problemática. Se han dedicado a prometer cuando están en la oposición y a hacer todo lo contrario cuando están en el gobierno”. En esta línea, propone “un proceso transparente y participativo en el que los vecinos y vecinas tengan presencia y se sientan parte de las decisiones que se toman. Solo así será un éxito. Si se hace a espaldas de la gente, nunca va a funcionar, porque siempre va a haber quien intente sacar rédito político de esta cuestión”.

Ganemos y la importancia del Plan General

Ganemos Chiclana, formación que gobierna en coalición con el PSOE, opina que la problemática de las viviendas irregulares en Chiclana es un tema realmente difícil de solucionar, “al que debemos poner especial prioridad y énfasis en nuestro municipio pues son demasiados años los que han transcurrido hasta el día de hoy sin darle solución real”.

A este respecto, destaca que se ha conseguido aprobar un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para Chiclana “tras años de dejadez y, a pesar de no ser el PGOU que más nos gustaba, nos vimos en la obligación de aprobar el único instrumento de gestión que nos permite poner orden en un tema tan crítico como es éste en nuestra ciudad, a pesar de que vayamos añadiendo modificaciones puntuales a un planeamiento tan complejo como éste, y que debe convertirse en un documento vivo, que se amolde a la realidad. Los siguientes pasos también se han dado con la aprobación inicial de las ordenanzas de regularización, factor clave para hacer realidad el sueños de casi 16.000 viviendas irregulares en nuestra localidad”.

La participación ciudadana de Podemos

Desde Podemos Chiclana propone como medida inmediata la aplicación del AFO (Asimilado al régimen de Fuera de Ordenación) “que además será la única medida aplicable a corto plazo cuando caiga el PGOU, algo que según las últimas sentencias va a suceder. Vamos a aplicar el derecho a agua y alcantarillado que tiene toda la ciudadanía y después con un debate sosegado, contando con todos los partidos y agentes sociales, vamos a sacar un PGOU que dure 20 o 30 años”. Además, denuncia que faltan medidas inmediatas con cuestiones de interés general como la contaminación de los acuíferos, “para ello llevaremos a cabo una medida como es integrar el vaciado de las fosas sépticas”.

Ciudadanos con las medidas de la Junta de Andalucía

Ciudadanos son partidarios de “un urbanismo ordenado y la realidad es que en los últimos 25 años, no se han tomado las medidas correctas, Chiclana necesita un gobierno sin ataduras que lidere la regularización como fórmula válida para solucionar este gran problema que nos tiene estancados”. Incide en que el Gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular en la Junta de Andalucía “ya está trabajando para arreglar la situación generada por la dejadez del anterior Gobierno socialista”. Recuerda que el Consejo de Gobierno de la Junta acordó el 7 de mayo la tramitación de la nueva Ley del Suelo y, en relación con las viviendas irregulares esta nueva ley “recoge entre los principios en los que debe basarse la incorporación de los asentamientos y parcelaciones irregulares al modelo urbano y territorial definido por el Plan, en todo caso, en criterios de adecuación medioambientales”.

Una problemática que va por barrio, según Vox

Vox manifiesta que se trata de una problemática que existe desde hace muchos años, unido a que el PGOU ha sido “tumbado” en varias ocasiones “y aún no parece claro que vaya a ser aprobado en su totalidad”. La formación dice que está manteniendo reuniones con AAVV de afectados, “y aunque la problemática final es la misma (alegalidad de sus viviendas) existen diferencias dependiendo de la zona”. Señala que en en estos días de campaña “se está hablando mucho de la regularización, de autorizar el acceso al régimen AFO,...aunque también esto tiene su letra pequeña y es lo que desde Vox estamos estudiando minuciosamente para no vender humo”.

Visión de la problemática por parte de Igre y EB

La formación Igualdad Real (Igre) cree inconcebible “que llevemos mas de 20 años con un número altísimo de viviendas irregulares, más de 15.000 sin servicios mínimos como alcantarillado y agua potable”, añadiendo que es esencial al menos el agua potable, dado que existe un alto riesgo de contaminación por parte de las personas que residen en dichas viviendas”. Ya por último, el partido Escaños en Blanco propone la creación de un fondo “para que cada responsable político de la corporación aporte un 40% de sus salarios a la futura urbanización de las zonas afectadas”.