La reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno permitirá ahorrar a la Seguridad Social cerca de 33.000 millones de euros en los próximos nueve años como consecuencia de la aplicación del nuevo índice de revalorización que desligará la subida de las pensiones de la evolución del IPC. Según consta en la memoria que analiza el impacto de la reforma, la aplicación del nuevo índice de revalorización de pensiones permitirá un ahorro estimado de 809,6 millones en 2014, primer año de su aplicación. Esa cifra irá aumentando progresivamente hasta estabilizarse en el entorno de los 5.000 millones anuales en el periodo 2019-2022.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha explicado que ese ahorro no supone en ningún caso un recorte de las pensiones, ya que la fórmula de revalorización lo que hace es ordenar el crecimiento de las prestaciones futuras "para que no se desboque" y para que esté "mucho más ajustado a la realidad económica del país".

La memoria explica que desde hace más de una década la evolución de la pensión media ha sido superior a la del IPC o el salario medio por trabajador, independientemente de la coyuntura económica. Burgos ha recordado que entre 2012, 2013 y 2014 el sistema de la Seguridad Social habrá acumulado un déficit de alrededor de 35.000 millones, lo que requiere necesariamente adecuar la ganancia de las pensiones a esa situación. Eso no quiere decir que se recorte o se pongan restricciones, ha recalcado Burgos, quien ha destacado que al aplicar el nuevo índice de revalorización a las pensiones de los últimos quince años el resultado demuestra que la subida es siempre superior al IPC en un contexto de normalidad económica.

El factor de sostenibilidad, que adaptará el cálculo de la pensión inicial a la evolución de la esperanza de vida, comenzará a aplicarse en 2019, de forma que el ahorro a la Seguridad Social no se notará hasta 2030. Para ese año la memoria cifra el ahorro al sistema en el 0,1% del PIB (alrededor de 1.000 millones), en tanto que lo eleva al 0,4% del PIB en 2040 y al 0,6% del PIB en 2050.

El anteproyecto de ley establece que el índice de revalorización se determinará anualmente teniendo en cuenta el número de pensiones contributivas y los ingresos y gastos del sistema durante once años, entre otros parámetros. La memoria pone como ejemplo que para el cálculo del índice en 2014 hay que tener en cuenta los ingresos y gastos de los últimos cinco años, los de 2013 y los previstos para los cinco años siguientes (2014-2018). En cualquier caso, el resultado de la fórmula nunca podrá dar lugar a un incremento anual no inferior al 0,25% ni superior a la subida del IPC más el 0,25%.

La memoria no hace una proyección de cuánto subirán las pensiones en los próximos años conforme al nuevo índice, pero sí calcula cuánto habrían subido en los últimos años, de tal forma que en 2012 y 2011 sólo se habrían incrementado el mínimo, un 0,25%.