Los 50.000 becarios que Portugal calcula que harán prácticas profesionales este año cotizan desde este martes a la Seguridad Social, en una medida que no tiene costo para las empresas y prohíbe además las becas no remuneradas.

Según el Ministerio de Trabajo, la introducción de estas medidas, que afectan a los becarios con los estudios concluidos, tiene por objetivo fomentar el empleo, especialmente entre los jóvenes cualificados, y supondrán un coste de 160 millones de euros para el Estado.

La norma, que había anunciado en el Parlamento el primer ministro socialista portugués, José Sócrates, no supondrá un mayor coste a los empresarios, según el Gobierno, que ha decidido aumentar el porcentaje subvencionado por las arcas públicas de las prácticas profesionales, que ya estaban reguladas.

Sin embargo, para cuadrar las cuentas, el Gobierno ha decidido rebajar el importe de las "bolsas de trabajo", la remuneración que perciben los becarios, que variará, como hasta ahora, en función de su titulación.

De esta manera, la retribución de las prácticas profesionales a los licenciados o doctorados -el grupo de mayor cualificación- pasará de los actuales 838,44 euros a 691,73 euros, según cálculos extraoficiales.

Esto supone una reducción de cerca del 20 por ciento de los ingresos del becario que, además, tendrá un descuento del 11 por ciento de su bolsa como contribución a la Seguridad Social, la misma que el resto de los trabajadores portugueses.

A cambio de esos menores ingresos, los becarios tendrán seguridad social, su remuneración no podrá ser eludida por la empresa y disfrutarán de las mismas condiciones laborales (horario, vacaciones, etc.) que cualquier empleado. La norma aprobada por el Ejecutivo precisa que para optar a estas prácticas se debe ser menor de 30 años o llevar más de un año en el desempleo.

Aunque la medida no tendrá efectos retroactivos, cualquier becario que ahora haga prácticas profesionales podrá empezar a cotizar a la Seguridad Social si alcanza un acuerdo con la compañía en la que presta sus servicios. La nueva normativa y la obligación de cotizar no afecta a algunas prácticas específicas, como las del sector de la salud y aquellas que son requisito indispensable para obtener un título.