El Grupo Unidos por el Canal (GUPC), el consorcio encargado de la ampliación del Canal de Panamá liderado por la española Sacyr, anunció que suspenderá las obras debido a la imposibilidad de llevarlas a cabo con los costes pactados inicialmente en el contrato. "Grupo Unidos por el Canal (GUPC) ha enviado a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) la nota de preaviso de suspensión de los trabajos, de acuerdo a la subcláusula 16.1 de las condiciones del contrato para la construcción del tercer juego de esclusas", indica el consorcio en un comunicado.

Con el preaviso, "la ACP tiene 21 días para cumplir con los requerimientos solicitados" por el consorcio, unos "1.600 millones de dólares (1.163 millones de euros)" en demandas económicas, tiempo durante el cual "los trabajos continuarán con normalidad", indica la amplia misiva del GUPC. Cumplir con los requerimientos del consorcio "supondría la alternativa con menor coste y menor tiempo posible de ejecución" de las obras de ampliación, que iniciaron en 2007 y se prevé que estén listas en junio de 2015, nueve meses después de lo estipulado en el contrato.

El consorcio, que además Sacyr integran la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, explica que tomó la decisión de anunciar la suspensión de las obras "ante la falta de respuesta por parte de la ACP y del seguimiento de las conversaciones iniciadas" sobre las peticiones económicas. En la carta de preaviso se reitera que "ACP está al tanto de los intentos repetidos del contratista de reunirse al más alto nivel con la intención de discutir de una manera justa y apropiada una solución, bajo la ley panameña, de los grandes problemas financieros que están afectando el proyecto".

También dice "que, a pesar de haber llegado a acuerdos entre ambas partes, el Administrador (de la ACP, Jorge Quijano) ha decidido no honrar dichos acuerdos", indica el GUPC. "Por todo ello, GUPC reitera que no puede continuar una obra en la que se proyecta 1.600 millones de dólares en sobrecostes, que son responsabilidad del empleador, siempre bajo el contrato y las Leyes Panameñas, y a pesar de que GUPC ha remitido diferentes propuestas específicas ACP ha rehusado discutirlas hasta la fecha", agrega el texto del consorcio internacional.

El GUPC se adjudicó del proyecto de ampliación por un valor total de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponden al contrato para la construcción de las nuevas esclusas. Según datos de la ACP, el proyecto de ampliación en su conjunto registra un avance de 70,7%, mientras que el de la construcción de los nuevos complejos de esclusas alcanza un 64%. El consorcio ha presentado a lo largo del tiempo varias exigencias económicas, una de ellas en 2012 por 585 millones de dólares, según datos de la ACP.

Las peticiones señalan que el retraso que sufrió la obra fue debido al rechazo reiterado por parte de los técnicos del Canal de la mezcla de cemento para las esclusas, lo que generó mayores costes. Esa reclamación fue rechazada por la ACP, por lo que el consorcio apeló a la Junta de Resolución de Conflictos (DAB) prevista en el contrato para dirimir el asunto en segunda instancia y quedo como última posibilidad, si las partes no llegan a un acuerdo, un arbitraje internacional. En diciembre pasado, el GUPC presentó a la ACP otra reclamación, por valor de 850 millones de dólares según informó a la prensa local Quijano, quien entonces dijo que, dada la complejidad del mismo "tomará bastante tiempo resolverlo".

El consorcio, en el comunicado difundido ahora, indica que "Quijano ha fallado en el cumplimiento de sus obligaciones recogidas en el contrato, como la inexactitud de la información proporcionada al consorcio para ejecutar el proyecto, reconocida por la propia Administración". "GUPC entiende que el Administrador ha incumplido las propias normas y regulaciones establecidas por la ACP en el propio contrato (...) ha fallado en mantener y restaurar el equilibrio financiero con GUPC por los eventos imprevistos que se han presentado en la obra", indicó el comunicado oficial.

El Canal de Panamá rechaza las presiones del consorcio

Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) rechazó de manera "categórica las presiones" del consorcio para negociar "fuera del contrato" sobrecostes que alcanzan los 1.600 millones de dólares. En un breve comunicado, la ACP afirma que si el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), que lidera la española Sacyr Vallehermoso, no cumple con lo pactado en el contrato, "pondrá en acción los mecanismos" previstos en el documento legal "que le permiten completar la obra", sin más precisiones.

"GUPC notificó a la ACP su intención de suspender sus labores en la construcción del tercer juego de esclusas el próximo 20 de enero, bajo la exigencia de que se le proporcionen fondos adicionales a los pactados en el contrato", confirmó la autoridad panameña. Ese movimiento, dijo la ACP, tiene "el único propósito de forzar a la organización a negociar (reclamos económicos) fuera de los términos establecidos en el contrato para la construcción del tercer juego de esclusas" de la vía interoceánica. "No importa qué tipo de presión se haga contra la ACP, nosotros mantenemos nuestra exigencia de que Grupo Unidos por el Canal respete el contrato que ellos mismos aceptaron y firmaron", indicó el comunicado de la autoridad panameña, que cita declaraciones de su administrador, Jorge Quijano. Las cláusulas contractuales "que fueron aceptadas al momento de la firma por GUPC" establecen "claramente tres instancias de resolución" de reclamos, dos de las cuales "son decididas por terceros", destacó la autoridad panameña.

La ACP recalcó este miércoles que de acuerdo con el contrato, "la intención de suspensión no implica una terminación o abandono del proyecto", por lo que "confía también en que el contratista tenga la capacidad de cumplir los compromisos pactados". "De no ser así, la ACP pondrá en acción los mecanismos del contrato que le permiten completar la obra (...) que GUCP ha indicado con anterioridad que en lugar de terminar en octubre de 2014, como estaba pactado en el contrato, serán terminadas en junio del 2015", indicó el comunicado oficial. El administrador de la ACP, Jorge Quijano, ya dijo el pasado diciembre que ese organismo estaba en capacidad de asumir las obras de ampliación en caso de que el consorcio abandonara el proyecto. Quijano dijo eso tras quejarse de que el GUPC buscaba la manera de negociar fuera de contrato las reclamaciones económicas, cifrados entonces en 1.450 millones de dólares por la prensa local.