Un centro de mayores de Sanlúcar reclama 1.600 euros por un viaje a Benidorm suspendido

El presidente de Centro de Participación Activa de Personas Mayores del Barrio Bajo de Sanlúcar, José González Parada, ha denunciado públicamente que lleva seis meses reclamando sin éxito la devolución de 1.600 euros de la reserva de un viaje colectivo a Benidorm que se suspendió por el estallido de la crisis del coronavirus.

Según ha explicado, la excursión, que estaba programada del 24 de marzo al 1 de abril con desplazamiento en dos autobuses, incluía la estancia en el hotel Rambla, cuya reserva para 108 personas fue gestionada a través de la agencia de viajes Havima, de Altea (Alicante).

Dada la situación generada por el Covid-19, desde el 14 de marzo, fecha en la que se decretó el estado de alarma, el centro, radicado en la calle San Juan, viene remitiendo escritos de reclamación a la misma “sin obtener una respuesta positiva”. “Hasta la fecha se le ha mandado a esta agencia diez o doce mensajes a través de correos electrónicos, de los cuales tan solo se ha obtenido una respuesta de fecha 5 de abril dándonos la razón”, ha precisado González Parada.

“En vista de esto, se estuvo esperando hasta que, a finales del mes de julio, la directora del centro se puso al habla por teléfono con el representante de dicha agencia de viajes, que se negó a devolvernos este dinero de la reserva, a pesar de saber lo que dice la legislación vigente sobre este tema”, ha asegurado el presidente.

El pasado 4 de agosto, el centro optó por poner esta situación en conocimiento de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Sanlúcar, “de la cual no hemos obtenido hasta la fecha ninguna respuesta”.

González Parada, que el 20 de marzo empezó a devolver de su propio bolsillo las cantidades íntegras aportadas por todas las personas que se apuntaron para el viaje, ha manifestado que “solo nos queda acudir al Gabinete Jurídico de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Cádiz y al Consejo de Mayores de Andalucía”, además de hacer pública su reclamación a través de los medios de comunicación.