El chiringuito Zurga, en la playa de La Barrosa, gana tiempo para evitar un desahucio administrativo que parecía inminente. El Gobierno local pospondrá la aprobación del expediente tras cumplirse el plazo contemplado por ley. La caducidad del mismo se aprobará en el Pleno de mañana, tras el cual se iniciará un nuevo procedimiento.

Este embrollo legal supone un respiro para los trabajadores, que de momento no se verán obligados a abandonar definitivamente las instalaciones. La tercera generación de la familia que ha gestionado el local durante décadas teme perder la explotación del chiringuito, uno de los primeros en abrir en el Paseo Marítimo de La Barrosa.

El chiclanero Francisco Aragón, Paquito Zurga, ha recogido más de 8.000 firmas para evitar esta situación y poder seguir explotando el espacio. Además, durante los últimos meses se ha manifestado en plenos municipales y ha colgado una pancarta en el local pidiendo ‘Justicia’ para las 20 familias que se quedarán sin su puesto de trabajo.

Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación? Según el equipo de Gobierno, el expediente es el resultado de un largo procedimiento que responde al criterio de la Mesa de Contratación y a una sentencia judicial. Todo se remonta al año 2014, cuando el Ayuntamiento de Chiclana convocó una licitación la adecuación y posterior explotación de Restaurante-bar CH-4, situado en el Paseo Marítimo de la playa de La Barrosa: el actual chiringuito Zurga. Francisco Aragón se hizo con la adjudicación, pero fue recurrida por otros licitadores y el procedimiento acabó en los juzgados.

El juez estimó parcialmente recurso y anuló la adjudicación, abriéndose un nuevo plazo para que Francisco Aragón acreditase su solvencia técnica. Sin embargo, la Mesa de Contratación consideró insuficientes los documentos aportados y le excluyó de la licitación.

La familia ha trasladado su descontento por esta decisión técnica, asegurando que “se acreditó de sobra la experiencia”. Además, recurrió la sentencia y la adjudicación a otro licitador y se niega a abandonar el local hasta que haya una sentencia en firme.

Aragón intentó demostrar su solvencia técnica tras décadas en el chiringuito con declaraciones de los trabajadores, informes de vida laboral y escritos de proveedores y encargados de negocios próximos, pero la Mesa considera que no cumple los requisitos. El caso está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJA).