El Ayuntamiento de Chiclana aplaza el derribo de diez casas

La demolición de diez viviendas en Chiclana quedó suspendida ayer de forma temporal debido a que la empresa encargada de ejecutar la orden judicial alegó que no tenía toda la documentación en regla, a falta del informe de seguridad.

El Ayuntamiento decidió aplazar el derribo después de un largo día de incertidumbre y tensión entre los vecinos porque hasta bien entrada la tarde no se conoció el aplazamiento de la medida. La orden judicial, sin embargo, sigue en pie y se ejecutará con prontitud, pero en principio queda descartado que se lleve a cabo a lo largo de este fin de semana.

La decena de viviendas afectadas se sitúan en Majadillas Bajas, en la calle Reina Isabel de Portugal, y nueve de ellas están ocupadas por familias en régimen de alquiler, mientras que la restante pertenece al promotor de esas edificaciones construidas en terrenos urbanizables no sectorizados. Ese promotor arrendaba esas casas a una media de 500 euros al mes.

Familias afectadas criticaron duramente al Ayuntamiento por no avisar a tiempo de la ejecución de la orden. "Nos enteramos a las seis de la tarde que al día siguiente, a las ocho de la mañana, iban a tirar las casas". Otros recriminaron al promotor la situación en la que se encontraban, puesto que de un día para otro tenían que abandonar las casas con sus hijos, algunos de ellos con pocos meses de edad.

Por su lado, la delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, manifestó ayer que el Ayuntamiento, "como no puede ser de otro modo", obedece una orden judicial. "Estamos acatando la decisión de un juez, obramos como medio en una actuación que debiera haber hecho el propietario. Evidentemente no podemos hacer caso omiso a una resolución judicial de este tipo a menos que estemos dispuestos a que recaigan las pertinentes consecuencias penales sobre este Ayuntamiento". Insistió en que "el Consistorio únicamente ha seguido criterios técnicos y judiciales en este asunto. Los promotores conocen perfectamente el procedimiento del que deriva todo el proceso de demolición".

El dictamen judicial procede del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Cádiz y en el mismo se especifica que el plazo para ejecutar el derribo de las diez viviendas acaba el próximo 26 de diciembre, si bien podría caber la posibilidad de que se demore esta medida, pero no por mucho tiempo.

El promotor y su familia junto a los vecinos afectados por la demolición permanecieron a pie de calle durante toda la jornada de ayer desde primera hora de la mañana ante el temor de que aparecieran las excavadoras. Se sucedieron las escenas de nerviosismo y varias mujeres sufrieron ataques de ansiedad. Los ánimos se caldearon cuando apareció por la zona una docena de coches patrullas de la Policía Local, que invadió toda la calle en la que se iba a demoler las casas. Además, apareció una grúa para retirar coches que se encontraban aparcados y que presagiaba la llegada de la maquinaria de derribo. No obstante, el fuerte despliegue policial se retiró una hora después.

Al menos dos familias que habitaban en la decena de las casas afectadas recogieron sus enseres y los cargaron en furgonetas o camiones para dormir anoche en otra lugar. Declararon que "si no tiran las viviendas hoy, será mañana. Así no se puede vivir". Del mismo modo, otros ocupantes ya tenían empaquetadas todas sus pertenencias para abandonar de un momento a otro las casas.

Los vecinos profirieron insultos contra el alcalde y la delegada municipal de Urbanismo a los que acusaron de quererlos echar de las viviendas de la noche a la mañana, "sobre todo cuando hay menores y también niños pequeños", criticaron.

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